El exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE José María Cataluña se ha acogido a su derecho a no declarar en el caso Azud, en el que se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias.
Cataluña ha acudido a las 9.30 horas al Juzgado de Instrucción número 13 de València, donde estaba citado para declarar, en calidad de investigado, por este procedimiento.
El exresponsable de Finanzas se ha acogido a su derecho a no declarar en el juzgado puesto que parte de la causa se encuentra todavía bajo secreto de sumario. A su salida del juzgado ha indicado a los medios de comunicación: «Claro que estoy tranquilo, hombre. ¡Eso faltaba!».
Tras Cataluña, está previsto que esta jornada declaren otras seis personas más, entre ellas, una responsable de servicio del Ayuntamiento de València y la mujer de Rafael Rubio, exsubdelegado del Gobierno del PSPV en Valencia.
En el caso Azud, del que la jueza del Juzgado de Instrucción número 13 de València acordó el pasado mes de abril el levantamiento de parte del secreto de sumario, se investigan los delitos tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal. En el caso figuran como investigadas más de medio centenar de personas físicas además de empresas.
Entre los investigados se encuentran el exvicealcalde de València con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau; el cuñado de la ex primera edil y abogado, José María Corbín, y su familia; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera; la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú y un exedil, empresarios como Jaime Febrer y el propio Cataluña.
Precisamente la información requisada al exdirigente socialista Cataluña --suspendido de militancia tras su imputación-- llevó el pasado mes de octubre a los investigadores a realizar nuevos registros en Madrid y la Comunitat Valenciana --en relación con una pieza secreta de Azud-- en busca de documentación relacionada con presuntas comisiones en adjudicaciones de un tramo del trasvase del Júcar-Vinalopó, licitado por Aguas del Júcar, dependiente del ministerio cuando era dirigido por Cristina Narbona.