El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha declarado este martes que ve «prematuro hacer hipótesis» sobre los efectos que la reforma del delito de malversación puede tener en las causas del 1-O aún pendientes de escrito de acusación de la Fiscalía.
Lo ha dicho al preguntársele si la reforma puede detener la presentación de los escritos de acusación, en declaraciones a los periodistas en la Ciutat de la Justícia de Barcelona tras visitar la Fiscalía Superior de Catalunya y la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Ha replicado que «la actividad del fiscal no depende de la iniciativa del fiscal solo, sino de lo que le demanden los tribunales», y que decidirán qué hacer cuando los tribunales les den traslado para presentar los escritos de acusación.
La causa relacionada con el 1-O que previsiblemente llegará antes a este punto es la del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el presidente de ERC en el Parlament y exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el también diputado y exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó.
«Es todavía prematuro y es pronto porque no conocemos los textos que definitivamente pueden ser aprobados por el Parlamento. No voy a hacer en ningún caso una imaginación de lo que pueda ocurrir ni un pronóstico de lo que pueda ser porque los juristas tenemos que ver el texto legal, tenemos que ver hacia dónde ha querido ir el legislador y a partir de ahí ver qué opciones se plantean», y también ha descartado valorar la rebaja de penas por malversación en casos sin ánimo de lucro hasta conocer el texto definitivo.
Por otro lado, al preguntársele por el informe de Amnistía Internacional que concluye que España y Marruecos cometieron crímenes de derecho internacional el 24 de junio en la valla de Melilla, ha dicho que no ha leído el informe completo y que la investigación de la Fiscalía sobre el asunto «terminará pronto».