Los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid han registrado durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año 204.528 nuevos asuntos, lo que ha supuesto un incremento del 3,78 % con respecto al mismo trimestre de 2021.
En el mismo periodo, la actividad de los tribunales madrileños aumentó un 2,90 por ciento con la resolución de 183.954 asuntos. Al final del trimestre, quedaron pendientes de resolución 490.885 asuntos, un 8,16 % más que en el tercer trimestre de 2021.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha difundido hoy su informe estadístico sobre la «Situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2022», que muestra cómo, salvo en la jurisdicción Social, donde ha disminuido un 7,89 %, el ingreso ha aumentado en todas las jurisdicciones respecto al mismo trimestre de 2021. En el orden Civil lo ha hecho un 5,04 %; en el Penal, un 3,72 % y en el Contencioso-Administrativo, un 16,13 por ciento.
En lo que respecta a la resolución de asuntos, se han observado incrementos en la jurisdicción Civil, del 7,92 %, y en la de Penal, del 26,55 por ciento. Por el contrario, ha disminuido un 0,41 % en la de lo Contencioso-Administrativo y un 13,58 % en el orden Social.
Por órdenes jurisdiccionales, en el Civil ingresaron durante el tercer trimestre del año un total de 97.912 nuevos asuntos. Y se resolvieron 85.915 asuntos, y quedaron en trámite 85.915, un 10,49 % más.
En la jurisdicción Penal, los asuntos de nuevo ingreso fueron 82.558; los resueltos sumaron 89.006 y quedaron pendientes de resolución 94.429, un 7,17 % más.
En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 4.551 nuevos asuntos. Se resolvieron 4.758, y quedaron en trámite 17.881, un 33,22 % más.
En la jurisdicción Social se registraron 10.930 nuevos asuntos; se resolvieron 2.852, y quedaron en trámite 35.266, un 15,25 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2021.
La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 32,1 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (41,1), Andalucía (34,6), Islas Baleares (34,5), Cataluña (33,6), Murcia (33,5), Asturias (33,4) y Comunidad Valenciana (32,5). Los territorios con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja (21,9), País Vasco (22,3) y Extremadura (24,7).