El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón destinará 21,3 millones de euros a la compra de al menos 195 viviendas, de particulares, empresas o entidades financieras, con el objetivo de incrementar el parque público de alquiler, para dar soluciones habitacionales o facilitar el acceso a la vivienda a colectivos como los jóvenes.
Así lo ha acordado este miércoles el Consejo de Gobierno, ha informado en rueda de prensa el consejero, José Luis Soro, indicando que el Ejecutivo de España aportará el 60 por ciento, 13 millones, a través del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y el resto, 8,3 millones, su Departamento.
La sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) adquirirá las viviendas, con 18,5 millones de euros en 2023 y el resto entre 2024 y 2025, ha añadido Soro, quien ha comentado que estas se comprarán en varias localidades.
Los innmuebles deberán tener una superficie útil mínima de 55 metros cuadrados, localizarse en suelo urbano, contar con célula de habitabilidad y suministros. El coste del alquiler será de unos cinco euros por metro cuadrado, se actualizará conforme al IPC anual, y los ingresos de los arrendatarios no podrán superar tres veces el IPREM.
Selección
El procedimiento para la selección de las viviendas, que siempre serán de titularidad pública y para el alquiler, se ultimará a lo largo del mes de diciembre estableciendo las condiciones y criterios para la adquisición y buscando siempre que sean lo más útiles posible para las necesidades actuales.
Estos inmuebles se incorporarán al patrimonio público y se podrán destinar tanto al alquiler social para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad, como a otro tipo de políticas para atender la demanda de alquiler en municipios con problemas de acceso a la vivienda o para facilitar el emancipación de los jóvenes.
José Luis Soro ha dejado claro que «no se trata de comprar por comprar, se trata de que las viviendas cumplan su función», recalcando que no se adquirirán aquellas que se encuentren en un estado de ruina, de forma que las obras de acondicionamiento no podrán tener un coste superior a 8.000 euros por vivienda.