La consejera municipal de Presidencia y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha anunciado que reclamará, vía administrativa, 51.870.401 euros por responsabilidad patrimonial a la Administración General del Estado por el daño derivado de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de determinados artículos relacionados con la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, y por la «inactividad» legislativa estatal para acometer una reforma desde 2017 sobre este asunto.
Se trata de derechos reconocidos para el Consistorio que han sido objeto de anulación o devolución, así como derechos reconocidos pendientes de regularizar, a los que hay que sumar los correspondientes intereses de demora. También están incluidas en la reclamación las autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes denominadas de «cuota cero», que sí se debieron haber cobrado.
María Navarro ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza ya envió a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un informe con los cálculos relativos a las pérdidas por la plusvalía para que la FEMP elaborara una enmienda con objeto de que el Gobierno central compensase a las entidades locales con 2.000 millones por este concepto.
Antes de que finalice el plazo de un año desde la publicación de la sentencia que declaraba inconstitucionales y nulos algunos de sus artículos para poder reclamar, el Gobierno de Zaragoza agota la vía administrativa con esta reclamación con el objetivo de aportar seguridad a la solicitud y defender los intereses de la ciudad, ha argumentado.
En rueda de prensa, María Navarro ha comentado que desde la sentencia el Ayuntamiento ha devuelto unos 15 millones de euros y la estimación son 33 millones de euros. Se han agotado todas las vías de compensación de pérdidas por la plusvalía y «ahora el Estado tiene que decir qué hará con los grandes ayuntamientos para compensar esas grandes pérdidas».
La consejera municipal ha destacado que mientras el Ayuntamiento de Zaragoza ha devuelto los derechos a los ciudadanos, el Consistorio no ha sido compensado. Como en su día se compensó el IAE por la pérdida de recaudación, ha confiado en que se atienda el de plusvalía, que ya han solicitado Madrid, Valencia y Salamanca.
«Al Estado, creo, que no le va a quedar otra que atender esta petición porque no puede ser que los ayuntamientos soporten desde hace más de cuatro años toda la crisis de la pandemia, económica y la subida de la inflación», ha zanjado.