El Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón actuará en el 30 por ciento de la red autonómica, es decir, 1.767 kilómetros, con una inversión de 630 millones de euros, según se ha indicado, este martes, durante la celebración de las jornadas 'La Participación Público-Privada como Modelo Global de Gestión de Redes de Carreteras'.
Se han celebrado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno autonómico, y han sido inauguradas por el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el presidente de la Asociación Española de la Carretera, Juan Francisco Lazcano, y en ellas el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha realizado la ponencia de apertura bajo el título 'La política de gestión de las carreteras autonómicas en escenarios confusos -restrictivos- recesivos'.
El Plan Extraordinario de Carreteras de la comunidad autónoma contempla once itinerarios, que saldrán a licitación en 2023 y las empresas deberán realizar las actuaciones en 30 meses y conservar las vías durante 25 años. El pago del Gobierno de Aragón se realizará según el cumplimiento de unos requisitos que garanticen que las vías están en buen estado, ha informado el Ejecutivo regional en una nota de prensa.
Lambán ha reconocido el estado «pésimo y lamentable» en gran parte de la red viaria autonómica, que suma 5.630 kilómetros, debido a la falta de inversión durante mucho tiempo por carencia de financiación, que ha obligado a cubrir el mantenimiento de los servicios públicos de la sanidad, la educación y los servicios sociales, pero desatendiendo otras políticas.
El presidente de Aragón ha comentado que esta iniciativa llega 12 años tarde debido a una paralización en 2011 por parte del anterior Gobierno del PP del Plan Red, que estaba diseñado por el Ejecutivo del socialista Marcelino Iglesias y contaba con contratos firmados.
Fuerte carga
El actual gobierno vuelve a retomar el plan que, a su juicio, supondrá una «fuerte carga» para los próximos años sobre las finanzas autonómicas. Entre la inversión inicial, los costes financieros y el mantenimiento, Lambán ha asegurado que la presión de las arcas públicas soportarán más de 3.000 millones de euros en los próximos 24 años, lo que supone 125 millones por año.
Esto obligará a reajustes «muy serios», dada la estructura administrativa, «si no se toman otras decisiones por parte del Gobierno de España», ha esgrimido el jefe del Ejecutivo aragonés.
Lambán ha insistido en la «asfixia» de las comunidades autónomas con el actual sistema de financiación que, en el caso de Aragón, está cien millones por debajo de los que se debería invertir, según el plan de carreteras 2020-2025.
Por eso, ha apoyado la iniciativa de colaboración público-privada, un sistema concesional, ya que de otro modo no se podría abordar la ingente labor en la red viaria. No obstante, se ha mostrado preocupado porque el problema de fondo sigue latente.
Jornadas
Las jornadas están organizadas por la Asociación Española de la Carretera, el Gobierno de Aragón y la Asociación de Contratistas Aragoneses de Obras Públicas. En las diferentes mesas y ponencias, participan más de 40 personas y se han inscrito más de 200 personas de todos los puntos de España.
En ellas, se habla sobre los métodos concesionales, la colaboración público-privada, los nuevos modelos de gestión de la conservación y todo el proceso de digitalización de las carreteras y las infraestructuras singulares.
Una de las cuestiones centrales de las jornadas se refiere al Plan Extraordinario de Carreteras que impulsa el Gobierno de Aragón. Tal y como ha señalado el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, «estamos siendo pioneros para solucionar un problema de déficit de inversión en carreteras; tengo muy claro que con cargo a presupuesto ordinario no tenemos capacidad para recuperar décadas de falta de inversiones y la fórmula elegida está basada en la concesión y pago por disponibilidad», ha expuesto.
Asimismo, ha argumentado que el Plan Extraordinario, que se licitará a finales de año o principios del mes de enero, «es un ejercicio de realismo, no podemos esperar más tiempo porque las carreteras son un servicio público que hay que mejorar y ésta es la única fórmula posible en estos momentos».
El proceso de licitación, adjudicación y firma de los contratos se llevará a cabo a lo largo de 2023. Las empresas contarán con cuatro meses para la redacción de los proyectos de obra, con el objetivo de los trabajos comiencen a finales de 2023 o principio de 2024 y el Gobierno de Aragón comenzará a pagar una vez estén las obras finalizadas.
El plan
El Gobierno de Aragón ha precisado que en 2019 comenzó a trabajar para crear el Plan Extraordinario de Carreteras, que se ha concretado en diez itinerarios, más la duplicación de la calzada entre Tauste y Ejea. Estos once itinerarios en total coinciden con las principales vías de comunicación de Aragón.
Las empresas concesionarias invertirán 630 millones de euros en 30 meses desde la firma de los contratos y tendrán la concesión de la conservación durante 25 años. El pago del Gobierno de Aragón posterior se realizará «por disponibilidad» y existen una serie de ítems que tienen que cumplir de manera que la cuantía de pago se establece en función de que el estado de vía cumpla con esas condiciones.
Según el Ejecutivo, las ventajas de este modelo son que en los contratos se incluyen la redacción de proyectos, ejecución de obra y mantenimiento y servirá para el acondicionamiento de carreteras, mejora de curvas, ensanche de calzada, refuerzo de firmes y conservación.
También se incluyen la construcción de determinadas variantes y la conservación extraordinaria, es decir, la que excede del mantenimiento rutinario de las vías. Así, no solo realizarán las obras iniciales, sino que irán realizando todas las obras necesarias de conservación a lo largo de 25 años para que siempre estén en buen estado.
Este modelo permitirá que el presupuesto ordinario del Departamento se destine a la red secundaria, «a la que ahora nunca llegan las inversiones», ha recalcado Soro.