Enchufismo, expolio de dinero público, mala gestión de fondos y omisión de trámites esenciales. De esta forma describen las acusaciones populares del caso Alquería la manera de proceder en la empresa pública Divalterra en relación con contratos presuntamente irregulares de altos directivos en 2015 y 2018 para favorecer al PSPV y a Compromís.
Así se han pronunciado las acusaciones Acción Cívica y PP en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra 14 acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, por el caso Alquería, para quien reclaman ocho años de prisión.
La primera acusación en intervenir en la jornada de hoy ha sido la letrada de Acción Cívica, quien ha manifestado que los hechos se han probado «de manera sobrada» durante este «largo» juicio: «No estamos aquí porque el fiscal se haya inventado una causa de corrupción, sino por actuaciones delictivas de los acusados», ha manifestado.
Y ha agregado: «Existió prevaricación con los contratos de altos directivos y también malversación de caudales públicos por el desvío de dinero a los bolsillos de esos altos cargos», ha insistido.
A este respecto, ha indicado que los contratados en alta dirección «fueron escogidos a dedo» sin concurrir méritos ni publicidad. «No hubo absolutamente nada. Solo se les contrató por su adscripción política. Se maquinó para vulnerar los principios legales y contratar a dedo», ha subrayado.
A su entender, «no existe en toda la causa nada objetivable que justificara las contrataciones de los altos directivos. Los contratos eran manifiestamente ilegales. Eran todo enchufados, de eso no cabe ninguna duda. No hicieron ningún trabajo de alta dirección», ha insistido. «Tras su cese, la empresa siguió funcionando sin cubrir sus puestos», ha añadido.
Y la acusación ha situado en el punto de mira al expresidente Jorge Rodríguez, sobre quien ha señalado que ordenó la contratación de los altos directivos «sin justificar su necesidad», nada más que por su afiliación política. «Respondía a un interés personal en perjuicio del patrimonio público, con abuso de poder y favoritismo», ha dicho.
Rodríguez, además, --ha añadido-- «ocultó la contratación ilegal a los miembros del Consejo de Administración que no eran miembros del equipo de gobierno y ocultó los informes jurídicos negativos previos y posteriores».
En esta línea, Acción Cívica, quien se ha negado a la condena en costas a las acusaciones populares al no haber temeridad ni mala fe en su intervención en este proceso, ha recordado que Rodríguez fue informado de la ilegalidad de los contratos tanto por el exgerente de Divalterra Víctor Sahuquillo como por el exjefe de los servicios jurídicos José Luis Vera. «Y Rodríguez rechazó estas resoluciones y la propuestas de sacar los puestos a concurso público», ha lamentado.
"principal instigador"
Por su parte, el letrado que representa a la acusación popular del PP ha coincidido con Acción Cívica en que Rodríguez fue el «principal instigador» para llevar a cabo los contratos de alta dirección y ha aludido a una «intencionalidad directa» de saltarse la ley. «Se hizo una trama de contratación ilegal en perjuicio del erario público», ha repetido.
En esta línea, ha indicado que «había un conocimiento previo de la ilegalidad antes de tomar la decisión de los contratos claramente ilegales», al tiempo que ha añadido que resulta «especialmente llamativo» que los contratos efectuados en 2015 no pasaran por el único órgano competente para la contratación, que era el Consejo de Administración.
«¿Por qué no se hizo, pese a que PSPV y Compromís tenían mayoría en el Consejo?», se ha preguntado el letrado, y ha contestado: «Es evidente que no llevaron los contratos al Consejo porque no podían contar con los informes favorables preceptivos».
«Todo se hizo de forma deliberada», ha apuntado el abogado, quien ha añadido que había una «ilegalidad» en el modo de la elección de los contratados, un «clientelismo político».