Decenas de profesionales sanitarios afectados por la reorganización del modelo de atención de las urgencias extrahospitalaria en la región han clamado frente a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad por la reapertura de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que funcionaban antes de la pandemia de Covid-19.
La concentración, que ha arrancado a las 10 horas, ha sido convocada por los sindicatos SUMMAT (Asamblea de Trabajadores del Summa 112), MATS (Movimiento Asambleario de trabajadores de la Sanidad) y CSIF, junto a la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM) y la Asociación Madrileña de Enfermería (AME), y con el apoyo de la Plataforma SAR (Servicio de Atención Rural) y la Plataforma de Centros de Salud de Madrid.
Una medida de protesta que se produce el mismo día que arranca la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria a la que están llamados casi 5.000 profesionales. Estos sindicatos, asociaciones y plataformas apoyan esta medida y asimismo, tras nueve jornadas de huelga, mantienen los seis días de parón previstos del 27 al 29 de noviembre y del 11 al 13 de diciembre.
Decenas de profesionales se han situado frente a la sede de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería con una pancarta en la que se podía leer 'Su plan destruye nuestra Atención Primaria' acompañada de una imagen de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, caricaturizada como la conocida 'pinocha'.
Con cánticos a favor de la Sanidad Pública y contra el desmantelamiento de la Atención Primaria como «Recortar en Sanidad, es un acto criminal», los congregados, algunos de ellos con batas blancas de profesionales sanitarios, los congregados han reclamado la vuelta al modelo de urgencia extrahospitalaria que funcionaba antes de la pandemia, con 40 Servicios de Atención Rural (SAR) y 37 SUAPs.
'No al desmantelamiento de la Urgencia Rural', 'Urgencias somos esenciales' o 'PAC al 100%' han sido algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas de los congregados para apoyar esta reivindicación, tras el acuerdo entre el Gobierno regional y el sindicato Amyts que permitió desconvocar la huelga de médicos que había arrancado diez días antes.
Este acuerdo se basa en 49 puntos de urgencia en Atención Primaria con presencia de facultativo, 39 de ellos antiguos SAR y otros diez donde antes había un SUAP, y 29 dispositivos con cuidados continuados de Enfermería. Según este modelo, 27 de estos últimos centros de Servicios de Urgencia de Atención Primaria cerrados desde hace dos años perderían la atención médica.
Una consulta más allá de la mesa sectorial
La protesta coincide con la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que están representados los sindicatos CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y Amyts, para abordar los detalles del modelo de urgencia extrahospitalaria tras el acuerdo con el sindicato médico.
Un acuerdo «ambiguo, restrictivo e insuficiente» para estos sindicatos, asociaciones y plataformas, que consideran además que, «ante la grave situación que atraviesa la sanidad madrileña», la negociación de estas cuestiones «no sólo se debe limitar a los sindicatos profesionales», sino que debería incorporar a colectivos profesionales o vecinos, entre otros.
En un comunicado conjunto, han recalcado que, frente a compromisos pactados con médicos, son necesarios en cuestiones «de esta envergadura» acuerdos «transversales y no exclusivos de una sola categoría profesional».
Además, se trata de un modelo «insuficiente» al implicar «solo» la apertura de 10 centros en una zona urbana con cuatro millones de habitantes y, además, es «peor» que el plan que el Ejecutivo regional puso sobre la mesa en junio (abrir 17 Puntos de Atención Continuada --PAC--, 10 con médico y 7 con Enfermería, y manteniendo la dotación, ubicación y horario de funcionamiento de los SAR).
También han trasladado sus dudas ya que el acuerdo deja «muchos puntos importantes sin definir». «Sabemos por experiencia que en acuerdos en los que no se concretan claramente los puntos, la Consejería tiende a restar, nunca a sumar, en esa política de coste cero y deterioro de lo público que la caracteriza», han explicado.
«No podemos tolerar como profesionales y ciudadanos un servicio de estas características que no beneficia al ciudadano y somete a los profesionales a situaciones de estrés intolerable. Enfermería tiene muchas competencias, pero no es ni quiere ser un médico», han denunciado.
El "mantra" de la falta de profesionales
Igualmente, han censurado que el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero se escude en el «mantra» de la falta de profesionales sanitarios para reforzar las plantillas cuando «no hace tanto que se ha despedido a 6.000 sanitarios» y «no hay política activa de captación de personal que concluye su especialidad o licenciatura y el maltrato a los profesionales es continuado».
En este sentido, han recalcado que, únicamente en los SAR, una treintena de profesionales ha presentado su renuncia, a las que se sumarían las registradas en el Summa 112. «Por idéntica situación atraviesa la Atención Primaria, columna vertebral del Sistema, en la que se invierte cada vez menos y cuyos profesionales están sometidos a pésimas condiciones de trabajo, con agendas sobrecargadas, poco tiempo para valorar y atender a los pacientes, política de sustitución por baja laboral o vacaciones prácticamente inexistentes, alta temporalidad y retribuciones inferiores a las de otras comunidades autónomas», han añadido.
En este contexto, reclaman un incremento de la inversión en Sanidad, como ha reclamado la ciudadanía en dos multitudinarias manifestaciones en las últimas semanas. «En las calles se clama por una sanidad pública de calidad que engloba unos servicios de urgencias extrahospitalarias adecuados, muy distantes de aquello que se ha negociado», han subrayado.
Así, exigen, como mínimo, la apertura en la situación previa a su cierre, la reversión inmediata de los cambios efectuados en los SAR, aumentar el presupuesto destinado a Atención Primaria, realizar estudios tanto de dotación de profesionales en función de la población asignada y atendida y adecuar las agendas «a una atención de calidad que, además, contemple todas las funciones que tiene asignadas este nivel asistencial».