El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha afirmado que «la previsión que hay es prorrogar el decreto de sequía» en la cuenca del Guadalquivir, que vence el 31 de diciembre, y «toda vez que persiste de forma lamentable la situación», al tiempo que ha defendido la gestión estatal en esta materia frente al «márketing» de la Junta.
Así lo ha indicado este miércoles en Jaén y a preguntas de los periodistas después de que la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, haya solicitado al Ejecutivo central un nuevo decreto ante una situación «dramática».
«El Gobierno central está haciendo ya mucho en Andalucía. Yo la pregunta la haría al contrario, qué está haciendo la Junta de Andalucía con la sequía en Andalucía», ha afirmado. Al hilo, ha comentado «que en junio 2020 aprobó un decreto de sequía con 450 millones» y en la actualidad «hay un 20 por ciento de ejecución» de esa cuantía y obras.
Ha aludido a planes como el presentado recientemente SOS (Soluciones y Obras frente a la Sequía) con «muchos nombres» y aludiendo «a actuaciones que no se han ejecutado». De este modo, «son las mismas que se van repitiendo una y otra vez y poniéndolas sobre el papel aquellas que financia la Junta, pero también otras administraciones», como el Gobierno, las mancomunidades de municipios o ayuntamientos.
«Como una agencia de publicidad, mucho nombre, mucho eslogan, mucho marketing. Pero a la hora de ejecutar de verdad y poner dinero encima de la mesa el que lo está haciendo es el Gobierno de España», ha subrayado Fernández.
Al respecto, ha destacado que en el Plan Hidrológico del Guadalquivir «hay 1.400 millones de inversión prevista directa por parte del Gobierno de España». A ello ha sumado «600 millones» en las cuencas intracomunitarias, que «son competencia de la Junta, pero que el Gobierno ha declarado obras de interés general del Estado y las tiene prácticamente en marcha». Ha puesto como ejemplo El túnel de San Silvestre, en Huelva, o la presa de Rules, en Granada, que «suman casi 200 millones».
Obras de emergencia
El delegado ha apuntado también que el decreto de sequía aprobado por al Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) con «obras de emergencia por un importe de nueve millones» y que «después se complementa hasta los 15 millones».
Al hilo, ha hablado de la intervención desde La Colada hasta Sierra Bollera, en la sierra norte de Córdoba, «que era una competencia de la Junta y que el Gobierno ha tenido que declarar hace escasamente unos meses de interés general para acabar esa obra, que le faltaba el cinco por ciento porque la Junta fue incapaz».
«Eso suma 14 millones de euros de inversión inmediata que ya está ejecutándose por el Gobierno a través de la CHG en esas obras de emergencia inmediata», ha dicho Fernández, no sin incidir en que estas actuaciones deben «tener un plazo de en torno a cinco, seis o siete meses».
En este punto, ha señalado que «la Junta, cuando habla de obras de emergencia, cuando ponía esos 450 millones en 2020 o ha vuelto a ponerlos» este año en un decreto tienen que ver con estaciones depuradoras de agua residuales o de tratamiento de agua potable, entre otras que tienen una previsión «de dos, tres, incluso cuatro años». De ahí que haya considerado que «no son verdaderamente obras de emergencia lo que está haciendo».
Transferencia
Por otro lado, ha recordado que el Ejecutivo central ha transferido en 2021 y 2022 a Andalucía «82 millones de euros» con cargo al plan de recuperación para infraestructuras hidráulicas vinculadas «a la situación de sequía y también a la planificación». De cara a 2023, ha subrayado que la cuantía que se va a transferir a la Junta en este apartado «va a ser muy superior a esta cantidad».
El delegado se ha referido a la reunión que sobre estos temas mantuvo Crespo con el secretario de estado Hugo Morán en Madrid, de la que «salió muy satisfecha» porque se «le dijo que hay más dinero». Eso sí, se matizó que se necesitan «proyectos y que los ejecuten, cosa que no está haciendo la Junta».
Igualmente, ha aludido a la disposición expresada por el Gobierno andaluz «en más de una ocasión» en «territorios sensibles» de «pagar lo que fuera» para impulsar el funcionamiento de infraestructuras hidráulicas, como la presa de Rules. Ha aclarado que el Ejecutivo de España «ya tiene el 80 por ciento en presupuesto» y el convenio con los regantes, que deben aportar el 20 por ciento, «obligatorio porque no se puede financiar el cien por cien».
En su opinión, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «tiene la oportunidad» de no solo decirlo, sino hacerlo, de manera que «financie ese 20 por ciento y alivie el bolsillo de los agricultores en un momento de dificultades».
«Por lo tanto, se puede demostrar objetivamente lo que está destinando al Gobierno de España a la sequía», ha declarado Fernández, no sin recordar su decreto de marzo, que prevé también «ayudas» a los agricultores, con beneficios fiscales o prórrogas en cotizaciones de la Seguridad Social, entre otras cuestiones.