La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) ha llevado este lunes a la Comisión de Desembalse del Guadalquivir la «indignación y malestar» del campo por «la inactividad» de las administraciones públicas en materia de sequía, que consideran materializada «en el hecho inobjetable de que desde la entrada en servicio de la Breña II en 2009 no se ha empezado una sola obra de regulación en toda Andalucía, con la única excepción de Alcolea en Huelva, que está ejecutada al veinte por ciento paralizada sine die».
«Del resto de obras contempladas en los planes hidrológicos que en este tiempo se han sucedido, sin rastro material de momento», han agregado en un comunicado. Según han expuesto, la más adelantada «está en fase de redacción de proyecto, la mayoría no tiene ni proyecto encargado y otras, igual que aparecieron, desaparecieron de los planes». «Y no será porque no se veía venir la sequía, pues el ciclo seco se inauguró en 2013, desde entonces, con la única excepción de 2018, ha llovido muy poco en Andalucía, y mientras tanto los dirigentes políticos, de brazos cruzados y a verlas venir», ha afirmado el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda.
Cepeda ha pedido «un cambio radical» de la perspectiva y el discurso de las administraciones sobre las obras de regulación, tal y como se ha producido en materia energética en relación con la energía nuclear, y en este sentido ha demandado para microembalses y presas estratégicas la consideración de infraestructuras verdes, por su papel fundamental en la lucha contra los efectos del cambio climático, que traerán períodos de sequía más largo y lluvias más intensas y concentradas.
«Sin nuevas presas para acumular el agua, será imposible prevenir las sequías y controlar las inundaciones», ha afirmado el presidente de los regantes andaluces, que se ha referido al efecto de arrastre de la agricultura sobre el resto de sectores económicos y su incidencia en el empleo y el mantenimiento de la población en el entorno rural.
En este sentido, ha recordado «las fatales consecuencias» que la sequía ya ocasionó al regadío en el período 2006-2008 y de forma especial en el año 1995, en el que hubo prohibición total de riegos, con un daño económico que se estimó por encima de los tres mil millones de euros. «Y sin embargo, desde 2009 los únicos que hemos hecho los deberes para luchar contra la sequía somos los regantes, que nos hemos endeudado para modernizarnos y ahorrar agua, pero ha vuelto a quedar demostrado que el déficit hídrico de las cuencas andaluzas no se soluciona únicamente con políticas de ahorro y requiere de nuevas infraestructuras de almacenamiento», ha apuntado.
Medidas paliativas y a medio plazo
Aunque la única solución posible ya es que llueva, el presidente de Feragua ha demandado en la Comisión de Desembalse del Guadalquivir que al menos se arbitren medidas paliativas a corto plazo como un mayor control del río, la optimización del uso de los recursos subterráneos en circunstancias de sequias para salvar la arboleda, el aprovechamiento máximo de las escorrentías fluyentes, medidas de apoyo fiscal y la paralización de los expedientes de otorgamiento de concesión hasta que la situación hidrológica se normalice y la reducción de los caudales ecológicos en circunstancias de escasez hídrica como ocurre en la actualidad.
«Con fuertes restricciones en el regadío y riesgo de recortes en abastecimiento, no se entendería que los caudales ecológicos no se recortaran también para adecuarlos a una situación hidrológica de emergencia», ha afirmado Cepeda.
Como medidas a medio plazo, Feragua ha solicitado la agilización de los proyectos de modernización de regadíos, y muy especialmente todos aquellos que incorporan balsas de acumulación de aguas de escorrentías, la agilización administrativa de los proyectos de presas previstos en la planificación hidrológica --que en el Guadalquivir son Cerrada de la Puerta, San Calixto y Recrecimiento del Agrio-- y el estudio de posibles ubicaciones de nuevas presas para hacer frente a futuras sequias.