El Juzgado de Instrucción número 18 de València ha procesado al que fuera exvicepresidente segundo de la Diputación, diputado de Economía y Hacienda y portavoz adjunto de la corporación provincial con el PP y ex consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla, por alzamiento de bienes en una pieza separada de la pieza G que, dentro del caso Taula, se centra en las adjudicaciones de contratos en la empresa pública creada para la construcción de colegios.
Según el auto del instructor, de las diligencias practicadas en este caso se desprende, con carácter indiciario, que Caturla, entre octubre de 2014 y noviembre de 2015, siendo conocedor de que podía estar siendo investigado por los hechos relativos a la etapa de 2003 a 2007 como secretario autonómico y responsable de Ciegsa, «con la finalidad de evitar, aminorar, o dificultar el embargo y apremio de sus bienes, llevó a cabo una serie de operaciones tendentes a reducir o gravar su patrimonio personal inmobiliario y a derivarlo hacia la empresa y sociedad familiar», de la que hasta ese momento era socio mayoritario.
Con ello, redujo su participación en la compañía en favor de sus hijos. Según consta en el auto, Fiscalía comenzó su investigación por este caso en julio de 2014 y las diligencias previas judiciales se incoaron en abril de 2015. Meses antes, en noviembre, aparecen publicados en prensa artículos relacionados con la investigación. Caturla fue detenido en enero de 2016. En ese momento, en el registro en su domicilio se encontraron una serie de notas manuscritas indicativas de cómo y qué tenía que declarar en caso de ser citado. Unas notas que se recogen en el informe policial.
La posible responsabilidad civil de Caturla derivada de estos hechos se fijó en dos millones de euros. El embargo de bienes para afianzarla se hizo efectivo sobre una finca en Fontanars, La Corona, que adquirió en 2000, y que fue tasada en 2,4 millones de euros. En noviembre de 2014, y aunque estaba libre de cargas, según el auto, Caturla suscribió un préstamo hipotecario sobre ella de 300.000 euros.
El magistrado describe una serie de hechos que presentan indiciariamente los caracteres propios de un delito de alzamiento de bienes. Con el conjunto de las operaciones realizadas, según el instructor, se transfirieron desde su patrimonio personal a la sociedad familiar 559.000 euros en metálico, al margen de la donación de participaciones.
Venta de seis de sus 18 vehículos
Entre estas operaciones, junto con la venta de participaciones en la empresa y donaciones o venta de viviendas, consta también que, al margen de otros vehículos titulados por su mercantil, Caturla era, a fecha de 30 de julio de 2014, titular en Tráfico de 18 vehículos.
Entre mayo y noviembre de 2015 vendió seis de los 18 por un precio declarado a efecto de impuestos de 17.096 euros. Uno de ellos, de alta gama, Jaguar E tipo 4.2 vendido, según contrato, en 10.900 euros.
Para el instructor, «todas las operaciones parecen obedecer a una disminución del patrimonio personal mediante hipotecas (finca La Corona), o disposiciones (casos de la venta del piso de Denia y naves, determinantes de la conversión patrimonial en dinero cuyo destino, en su mayor parte, viene a integrarse, con independencia del título o concepto que formalmente se le atribuya, a la sociedad familiar, generando activos», al tiempo que "se va desprendiendo lucrativamente en favor de sus hijos de su participación social en la
empresa".