Una residencia privada de mayores dependientes de l'Eliana (Valencia) ha sido desalojada este martes en cumplimiento de una orden de un Juzgado de Primera Instancia número 3 de Llíria, tras un procedimiento judicial iniciado a raíz de un impago de alquileres que se remonta a enero de 2021 y con sentencia firme desde febrero de este año --un proceso en el que hay tres empresas implicadas sin que se alcanzara un acuerdo entre ellas-- y que ha llevado finalmente a distribuir a los 14 residentes que aún tenía el centro.
El desalojo, para el que se han ido fijando sucesivas fechas, se ha llevado a cabo este martes entre un gran despliegue de la Guardia Civil, que ha acotado los accesos a la instalación, entre momentos de tensión y enfado de familiares que estaban en el exterior del centro, trabajadores y gerencia.
De los 14 residentes del centro, cinco se han quedado con sus familiares y otros nueve han sido trasladados a la residencia pública de Carlet, que ha sido el recurso facilitado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para atender a la situación de emergencia generada, según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento.
Un total de seis personas de la Conselleria han colaborado 'in situ' para garantizar el bienestar y la asistencia necesaria a los residentes en el centro, en el que no había ninguna plaza concertada sino que eran todas privadas. Este personal ha garantizado la aplicación de los protocolos de cierre de centros residenciales, que en este caso ha contemplado varias vías de actuación.
La primera de ellas, que la familia ha buscado plaza en otro centro privado; la segunda, que haya pedido el cambio de preferencias de dependencia a Servicio de Atención Residencial en Servicios Sociales de l'Eliana y, una vez hecho ese cambio, se han visto las posibilidades de asignación por la Conselleria y, la última, una vez llegada la fecha del lanzamiento, si hay personas que necesitan una respuesta «inmediata», asignarles plaza en Carlet, en las disponibles para situaciones «de emergencia». Una vez en el centro público, se irán asignando en centros lo más próximos posibles a los familiares.
Tres residentes con covid
Llegado este día, en el centro, que en el momento en el que se inició el proceso tenía 49 residentes, quedaban 14, de los que cinco se han ido con sus familias. El resto, nueve, han sido trasladados a Carlet, tres en ambulancias al sufrir covid.
Según la información publicada por Las Provincias, el actual gerente de la residencia se ha llegado a subir al techo del edificio para intentar detener el desahucio y ha sido conducido al cuartel de la Guardia Civil donde ha quedado en libertad aunque se le atribuye un delito de desobediencia grave. Según unas declaraciones del gerente recogidas por À Punt, sostiene que están «de forma legítima en el centro» y no hay «derecho» al desalojo. Fuentes de la Guardia Civil únicamente han confirmado que se ha realizado un auxilio judicial para llevar a cabo la ejecución de la resolución.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el procedimiento se remonta a enero de 2021 cuando la propietaria del inmueble presentó demanda de juicio verbal en ejercicio de acción de desahucio por impago de casi 85.000 euros a la mercantil Cuidamont 1995. Este proceso acabó con una sentencia en diciembre del año pasado, que declaró la resolución del contrato y condenó a Cuidamont 1995 SL a desalojar el inmueble y a abonar a la demandante 225.472 euros por el alquiler. El fallo devino firme en febrero de este año al no haberse recurrido en plazo.
Los demandantes pidieron la ejecución del lanzamiento el 9 de febrero, una acción que se ha ido posponiendo por posibles errores en el domicilio (da a dos calles). En este tiempo, el juzgado ha pedido tanto a Servicios Sociales del Ayuntamiento de l'Eliana como a la Conselleria que adopten las medidas necesarias respecto a los internos y se sucedido una serie de comunicaciones para asegurar el destino de los residentes, incluida Fiscalía, hasta llegar a este momento. También se ha requerido a la empresa a no dar más altas en el centro.
En abril de este año la empresa Cuidamont comunicó al juzgado que la gestión de la actividad la realizaba en la actualidad otra empresa, Evora, a la que señaló que le había sido transmitida la unidad productiva desde junio de 2021, y que solicitó a la Conselleria cambio de titularidad del registro.
Se da la circunstancia de que el apoderado de Cuidamont 1995 figura igualmente como gerente y representante de Evora.
Sin embargo, la empresa demandante informó al juzgado en junio que no había suscrito contrato de arrendamiento, ni ningún otro, con Evora en relación al inmueble.
Además, ajuntó un escrito de la Dirección General de Infraestructuras de Servicios Sociales de la Generalitat, con fecha 10 de marzo, donde se certifica que la residencia figura como titularidad de Cuidamont y que Evora no aparece como titular de ningún centro ni está inscrita en el Registro.
En junio esta última empresa, Evora alegó que no podía verse perjudicada del desahucio a Cuidamont, ni las instalaciones y pidió la suspensión del lanzamiento.
La Conselleria de Igualdad ha resuelto no acreditar el cambio de titularidad solicitado en la residencia Cuidamont por Evora Gestión Residencial SL --que se había solicitado el 28 de octubre de 2021 tras un contrato de compraventa de 12 de febrero de ese mismo año por el que se cedió el negocio, y para el que aportó la documentación el 11 de abril de 2022-- porque no dispone de local donde realizar la transmisión del negocio, al haberse resuelto el contrato por sentencia firme, según había comunicado la propietaria del inmueble el 24 de febrero de este año.
Aunque la firma fue en febrero, señala la resolución de la administración, los efectos jurídicos se postergan hasta mayo de este año cuando no podía cederse el contrato de arrendamiento del inmueble, ya resuelto por sentencia.