Medio centenar de agricultores y ganadores de Tierra de Biescas, que incluye los núcleos de Orós Alto, Orós Bajo y Oliván, han firmado las alegaciones en contra del soterramiento de una línea de alta tensión que se tendría que construir para evacuar la energía generada por un macroproyecto de placas fotovoltaicas pendiente de aprobación.
En Biescas, son cerca de veinte de propietarios de terrenos que estarían afectados por esta línea de alta tensión; en Orós serían la mitad; y una cifra similar en Oliván.
En total, son unas 150 parcelas que se verían afectadas por el trazado, al considerarse una servidumbre por la zanja donde irá la línea de alta tensión, además de una zona cámara de empalme, y también se prevé una ocupación temporal de tres metros a cada lado desde el borde de la canalización.
La línea de alta tensión soterrada discurriría de Biescas a Senegüé, donde se instalarían las placas fotovoltaicas hasta Sabiñánigo, y en otro proyecto hasta Jaca, y un tercero en el entorno de la ciudad jaquesa.
El plazo para presentar las alegaciones vence el 14 de noviembre y tiene previsto llevarlas el día 11 del mismo mes al registro de la Delegación del Gobierno en Aragón en Huesca. Además, preparan nuevas movilizaciones en próximas fechas.
En concreto la alegación es en contra de la modificación de proyecto de infraestructura de evacuación compartida compuesta por la Subestación Eléctrica Trasformadora (SET) Sierra Plana 1 220/30 kw y Línea subterránea de Alta Tensión (LAAT) Sierra Plana 1 SET Biescas en 220 kw en los términos municipales oscenses de Sabiñánigo y Biescas.
Este es uno de los tres proyectos que han presentado las empresas 'Solar Alto Gállego, S.L.'; 'Meseta y Sol, S.L.'; y 'Montaña Solar, S.L.', las tres con el mismo domicilio en la calle Goya 6, planta 2, de Madrid. De los tres proyectos, los de mayor potencia son los dos primeros de Biescas-Sabiñánigo y Jaca-Sabiñánigo, cada uno de 220 kw, y el tercero en el término municipal de Jaca, es de 30 kw.
Uno de los afectados, natural de Orós Alto, Javier Cazcarro, ha subrayado la «unidad» de todos los propietarios de fincas en rechazar este proyecto porque supondría «destruir» su medio de vida. Cazcarro ha asegurado que nadie de la empresa impulsor del proyecto se ha puesto en contacto con los propietarios ni para informarles del proyecto, ni han pedido permiso para hacer mediciones en las propiedades ni mucho menos para hacer una oferta económica.
En declaraciones a Europa Press ha explicado que «para más pena nuestra» la elección de esta zona obedece a las buenas condiciones de insolación, que es muy alta, y por tanto el proyecto sería muy rentable para los promotores, además de las buenas comunicaciones, pero «a los propietarios de tierras ningún beneficio».
Ha recordado la solidaridad de los habitantes del valle de Tena con las infraestructuras hidráulicas, como los embalses de Búbal y Lanuza, y líneas de alta tensión aéreas ya existentes.
Alegaciones
Ente los argumentos para rechazar el proyecto se esgrime que en el expediente no figura el modo en el que la promotora prevé obtener el derecho a disponer de las fincas afectadas para lo que no se ha firmado ningún acuerdo y añaden que dicho acuerdo «no podrá formalizarse puesto que la finca es imprescindible para la explotación económica agrícola o ganadera que constituye el medio de vida» del afectado.
Por ello, piden que el trazado se traslade a fincas con las que la promotora haya obtenido algún acuerdo con su propietario o a terrenos de titularidad pública y, en su defecto, que sea de conformidad con el Derecho Civil Foral Aragonés, de modo que la línea a su paso por la finca del firmante «permita el paso de la maquinaria necesaria para tareas agrícolas o ganaderas y con profundidad suficiente para arar».
En la segunda de las ocho alegaciones se dice que la promotora no ha respetado las limitaciones legales a la construcción de servidumbres de paso. Antes de plantear la imposición de servidumbre sobre fincas de particulares la promotora debe descartar en el estudio de alternativas la existencia de paso por terreno públicos.
La ausencia de utilidad pública que justifique la expropiación de fincas es otra de las alegaciones, ya que el proyecto consiste en una planta fotovoltaica privada y una línea privada de evacuación no de transporte o distribución por lo que «no presta servicio público, sino que solo sirve a intereses particulares de la promotora».
Otro argumento es que el estudio de impacto medioambiental «reconoce» que parte del trazado atraviesa suelo dedicado a la actividad ganadera que «es de alta relevancia cultural en la zona y además está protegida con la figura de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala».
La actividad agraria y ganadera es seña de identidad de la zona y conforma su paisaje y medioambiente, que son el motor del turismo, por lo que se entiende que existe un «interés público en no alterarlas en beneficio de actividades privadas».
En la cuarta alegación los afectados aducen ausencia de documentación preceptiva, falta de notificación personal e indefensión. La quinta alude al fraccionamiento del proyecto de más de 20 kilómetros en dos segmentos inferiores a los 15 kilómetros para que el proyecto sea sometido al procedimiento simplificado, menos riguroso, que el ordinario.
La sexta alegación critica la justificación de la ubicación, ya que la alternativa escogida afecta a terrenos de «elevada utilidad agraria» que han sido objeto de inversiones públicas y privadas, como riegos concentración parcelaria, que se malograrían.
En la séptima se indica que en caso de extinción de la servidumbre la promotora deberá retirar la instalación y reponer el terreno a su estado actual, pero en el presupuesto no se prevé cumplir esta obligación ni se garantiza en modo alguno.
La octava tilda de «inaceptable» el impacto medioambiental con las múltiples afecciones que ocasionaría, como los impactos electromagnéticos, puesto que las fincas por las que pasaría la línea es el lugar de trabajo del afectado. Asimismo, en los 2.207 metros atravesaría bosques que son hábitat de especies en extinción, vías pecuarias y Zonas de Especial Conservación (ZEC).
La afectación al paisaje y al patrimonio histórico es la última alegación porque aunque se soterre la línea, la planta fotovoltaica permanece visible desde Oliván y no se evalúa correctamente la afección a varias iglesias, algunas mozárabes, lo que infringe la Ley del suelo.