El Juzgado de lo Penal 3 de Granada ha condenado a dos rehaleros de Granada a 16 y ocho meses de prisión respectivamente por un delito de maltrato animal continuado y consciente a un total de 21 perros de caza, provocando el fallecimiento por eutanasia de cinco de ellos por desatender los problemas de salud derivados de su precaria situación.
Los hechos tuvieron lugar en el municipio de Güéjar Sierra (Granada) entre octubre de 2020 y febrero de 2021; a raíz de que los acusados fueran interceptados por la Guardia Civil cazando ilegalmente junto a otras siete personas con varios de los canes.
La primera intervención que realizó el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil evidenció que los perros estaban en una situación «dantesca» según las palabras de los propios agentes que llevaron a cabo la inspección ocular inicial y de hecho «dudaban de que en invierno les diese un solo rayo de sol».
En dicha intervención es cuando se tuvo que practicar la eutanasia a los perros por parte de una veterinaria por las condiciones en las que estaban y en una posterior del Seprona junto al colectivo Galgos del Sur, en el mes de julio y en otro lugar, fueron decomisados ocho perros de los que se hizo cargo la protectora en una situación similar de precaria para los animales.
Galgos del Sur ha actuado en el procedimiento como acusación particular, según informa la protectora en una nota en la que precisa que los dos acusados son el dueño de los perros, según los datos de los microchips, y un amigo de éste que acudía a atenderlos cada ciertos días para «echarle una mano». En un principio, el ayudante negó los hechos, aunque al final reconoció su responsabilidad en los mismos, mientras que el dueño certificó desde el inicio que las condiciones eran «mejorables» y que «no tenía excusa», pero no reconoció que los perros estuvieran desnutridos.
La Guardia Civil alertó además de que tres de los microchips habían sido cambiados de titularidad 20 minutos antes de la citación del decomiso; algo que el dueño reconoció como un intento de deshacerse de los animales.
El informe veterinario acredita, según la sentencia, una situación de maltrato doloso y prolongado en el tiempo: los animales se encontraban en «habitáculos con hierros punzantes y oxidados, sin la suficiente luz, con el suelo lleno de excrementos, orines y vómitos, y sin suficiente comida ni agua al no suministrarse diariamente».
Manifiestan que «consecuencia de ello, dos perras presentaban tumores mamarios bilaterales de gran tamaño y estaban muy desmejoradas físicamente» y otros tres presentan distintas patologías y fracturas que obligaron a sacrificarlos.
El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos como «constitutivos de un delito continuado de maltrato» y pidió que se condenara a los acusados a una pena de dieciséis meses de prisión cada uno con inhabilitación especial para el desarrollo de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales durante tres años y seis meses.
Finalmente, el juez falló condenando al ayudante del rehalero a un total de ocho meses de prisión y dos años de inhabilitación, y a este otro a un total de dieciséis meses y tres años y seis meses de inhabilitación por un delito continuado de maltrato animal. La sentencia aún no es firme, por lo que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de diez días desde su notificación.