El senador del Partido Aragonés (PAR), Clemente Sánchez-Garnica, ha afirmado este miércoles en la Cámara Alta que «ahora que los partidos mayoritarios parecen estar en la senda del acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC), no parece oportuno abrir el debate sobre la reforma del sistema de elección de sus miembros».
Sánchez-Garnica, que ha hecho estas declaraciones durante el debate de una proposición de ley de Ciudadanos para modificar el procedimiento de designación de los miembros de los órganos constitucionales, ha explicado, además, que la fórmula que se utiliza en la actualidad, regulada por la Ley Orgánica del Poder Judicial, está plenamente respaldada por el propio TC y respeta las condiciones de la Constitución: «Que los miembros de ambos órganos se elijan entre jueces y magistrados y que se haga por una mayoría cualificada en los términos establecidos por la ley».
«Partiendo de esta realidad jurídica --ha dicho el senador del PAR--, es cierto que el método de elección es uno de los principales debates irresueltos de nuestro sistema jurídico, pero debe afrontarse desde el consenso, el diálogo y la responsabilidad, y, aunque sin duda los partidos mayoritarios deben llevar la voz cantante, la reforma debería ser cosa de todos los grupos con representación en las Cortes Generales, que, en definitiva, representan la soberanía del pueblo español».
El senador regionalista también ha lamentado en su intervención la situación por la que atraviesa la Justicia y la necesidad de acometer «otro tipo de reformas, precisamente aquéllas que contribuyan a garantizar un sistema de resolución ágil y eficaz para la defensa de todos los ciudadanos».
A este respecto, ha criticado que «desgraciadamente, la Justicia no es una prioridad, no lo ha sido nunca. Nadie parece estar alarmado porque se estén señalando juicios a dos o tres años vista o porque no exista un sistema de interconexión de datos entre los juzgados», para finalizar su intervención abogando por una renovación rápida del CGPJ y el TC, una reforma consensuada de su sistema de elección y una Justicia que cuente con los medios necesarios para «servir a la ciudadanía como se merece».