Los trabajadores del sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Zaragoza van a protagonizar varias movilizaciones ante la ruptura de las conversaciones para acordar un nuevo convenio colectivo con la patronal, tras nueves meses y seis reuniones de la comisión negociadora.
Comisiones Obreras, UGT y OSTA han convocado una concentración este viernes, 21 de octubre, a las 11.30 horas, en la plaza del Pilar, frente al Ayuntamiento de Zaragoza, y el jueves 27, una manifestación, entre la plaza de Aragón y la plaza de España, a las 19.00 horas.
Asimismo, este martes, celebran dos asambleas y tras la de la tarde, sobre las 19.00 horas, se van a concentrar en la plaza de España. Así lo han explicado el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de Hábitat de CCOO Aragón, Mariano Álvarez, la representante de UGT, Reyes Moreno, y la de OSTA, Ana Isabel Ripoll, ambas presentes en la mesa de negociación.
Los representantes sindicales han precisado que las conversaciones están «rotas», tras la última reunión del 15 de septiembre. Los sindicatos formularon su última propuesta y pidieron a la patronal que les citase, pero ésta --representada por ASPEL y ASOAL-- no ha respondido, por lo que han promovido estas movilizaciones.
Además, si no se producen avances, no descartan convocar una huelga indefinida. También han apelado a la implicación de Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón puesto que en el caso de la primera institución tiene subcontratados a unos mil trabajadores del total de entre 8.000 y 10.000 que posee el sector en la provincia y unos 400 el Gobierno regional.
Implicación de las administraciones
Por este motivo, las organizaciones sindicales han pedido reuniones con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, así como con los partidos políticos que quieran recibirlos.
El secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de Hábitat de CCOO Aragón, Mariano Álvarez, ha detallado que en consonancia con la postura de CEOE y Cepyme las patronales del sector en la provincia «no ofrecen incrementos salariales con cláusula de revisión».
Ha indicado que la mejor oferta que han recibido «no llega al 2,5 por ciento al año», durante cuatro años, cuando el sector «se merece unos incrementos más altos, que por lo menos cubran el 50 por ciento de la subida del IPC».
La última propuesta sindical ha sido de una subida del 12 por ciento en tres años, del 5 por ciento en 2022, del 4 en 2023 y del 3 en 2024, una vez que el anterior convenio concluyó el 31 de diciembre de 2021.
Pretensiones asumibles
La representante de UGT, Reyes Moreno, ha esgrimido que la negociación está «rota» y con estas movilizaciones quieren «dar un paso adelante» porque «se está perdiendo el poder adquisitivo del colectivo», cuyo salario medio es de 750 euros brutos al mes, ya que muchas personas poseen contratos a tiempo parcial.
A su entender, sus pretensiones salariales son asumibles o al menos una aproximación a las mismas, a las que se suma incrementar en dos los días de vacaciones al año, y pasar de 22 a 24 o de 26 a 28, dependiendo de si la jornada es de cinco o seis días. Asimismo, puesto que las Administraciones públicas son clientes del sector «se tendrían que involucrar en este conflicto», ha enfatizado.
La delegada de OSTA, Ana Isabel Ripoll, ha sostenido que las empresas alegan que durante la pandemia y la crisis posterior han tenido pérdidas, pero, al contrario, «han ganado contratos» ya que para hacer frente a la COVID-19 «se necesitaba más limpieza». Por eso, ha lamentado: «Siempre, siempre, siempre tenemos que acabar pagando nosotros los platos rotos de los demás».
También ha apuntado que el empleo en este sector es mayoritariamente femenino y, en muchas ocasiones, se trata de personas de familias monoparentales que solo tienen ese salario por lo que no es asumible una pérdida del poder adquisitivo, que ya tuvo lugar en 2021, puesto que si el IPC subió el 6,5 por ciento, los salarios lo hicieron el 1,8 en aplicación del anterior convenio. «Al paso que vamos, no podremos mantener nuestras casas, ni comer», ha sintetizado.