La cuantía mínima de la nueva Renta de Garantía de Ingresos (RGI) acordada entre el Gobierno Vasco (PNV-PSE) y Elkarrekin Podemos-IU se elevará hasta los 803 euros mensuales --frente a los 737 euros contemplados inicialmente por 'jeltzales' y socialistas--, según los datos aportados este martes por la coalición progresista.
La portavoz de E-Podemos-IU en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, ha detallado, en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, los contenidos del acuerdo alcanzado con el Gobierno Vasco en torno a la futura Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.
Durante la negociación, Elkarrekin Podemos-IU ha conseguido rebajar la edad de acceso a estas prestaciones de los 23 a los 18 años, lo que supone «un hito a nivel estatal». Este grupo también ha acordado que la nueva ley incluya un criterio de revisión que garantice la sostenibilidad del sistema.
El acuerdo establece un incremento de las cuantías y fija el mecanismo de actualización de las mismas atendiendo a la tasa de riesgo de pobreza, que supone el 60% de la renta mediana de la población. Según los datos aportados por la coalición, este mecanismo supone que la cuantía mínima de la RGI sería de 803 euros, una subida que -según ha destacado-- el Gobierno tiene «voluntad» de aplicar ya desde 2023.
E-Podemos ha subrayado que esto «supone un cambio trascendental», dado que el cálculo de la cuantía de la prestación «deja de quedar al arbitrio del Parlamento Vasco», lo que permitirá «garantizar esa suficiencia» de las cantidades percibidas por los perceptores, «en consonancia con estándares europeos».
Con ese fin, la ley incorporará un suelo mínimo a percibir como base. El parlamentario David Soto, que ha comparecido junto a Gorrotxategi ante los medios de comunicación, ha recordado que en la actualidad, la renta mínima está en 727 euros, cifra que en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno Vasco se elevaba a 737 euros.
Soto ha afirmado que aplicando el índice de referencia que se recoge en el acuerdo, la cuantía mínima de la RGI «sube a 803 euros al mes», lo que en la coyuntura económica actual constituye un punto de partida «mucho mejor para garantizar el acceso a la vida digna a la que todos tenemos derecho».
Asimismo, en el pacto se han articulado «de forma clara» los principios que llevarían a una suspensión cautelar de la percepción de estas coberturas. E-Podemos-IU considera que la incorporación expresa de estas condiciones ayudará a definir el campo de actuaciones, "evitando en lo posible que se produzcan suspensiones cautelares automáticas causadas por indicios'.
La medida también responde al objetivo de «minimizar» el riesgo de que haya perceptores que se queden sin cobertura por eventuales defectos de forma, «sufriendo así perjuicios de difícil o imposible reparación en sus proyectos vitales», según ha explicado E-Podemos.