El Grupo Parlamentario Vox lleva a debate el próximo viernes en el Pleno del Parlamento de Andalucía una Proposición no de Ley (PNL) con la que reclama a la Junta de Andalucía «rebajas fiscales para los propietarios que pongan en alquiler social sus inmuebles y para los promotores que construyan o rehabiliten viviendas en alquiler social para hogares con rentas bajas», con el requisito de que sean «familias numerosas y no acumulen antecedentes penales».
Entre las peticiones que plantea Vox con su iniciativa parlamentaria es «la disolución y extinción de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)» tras esgrimir que «su objeto social puede ser llevado mediante la iniciativa público-privada», por lo que considera que «sus funciones sean asumidas por la propia Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía».
Este partido argumenta que de extinguirse AVRA «nos permitiría destinar más dinero» a promover y construir viviendas de protección pública a familias y jóvenes de Andalucía y que hasta entonces este ente instrumental «ha de someterse periódicamente a una auditoria o actividad inspectora similar» con el argumento de que «no puede permitirse que este tipo de entidades acaben convirtiéndose en chiringuitos donde colocar a los afiliados de los partidos gobernantes» y con el agravante de que son entes que hacen «competencia desleal a la iniciativa privada».
Vox quiere instar al Gobierno andaluz «a fomentar y a desarrollar la colaboración entre la Administración pública y la iniciativa privada para la construcción, rehabilitación y gestión de viviendas de protección oficial, tanto en régimen de alquiler como en propiedad», un objetivo que debe traducirse en «la flexibilización, reducción y mejora de los procedimientos y cargas administrativas» para ello.
La iniciativa exige al Gobierno andaluz «un plan de inspección periódica del parque de viviendas de protección oficial para evitar que existan viviendas públicas deshabitadas o se encuentren en condiciones deplorables», a lo que suma «la revisión e inspección periódica de los expedientes de situación económica de los inquilinos en régimen de alquiler y de los expedientes de desahucio», por cuanto, en caso de incumplimientos voluntarios y reiterados de los contratos de alquiler «se proceda de manera inmediata a iniciar los trámites de desahucio».
La PNL de Vox quiere que la Junta de Andalucía impulse «los planes sociales de alquiler de vivienda», para los que propone como «candidatos preferentes a las familias numerosas», así como cambiar «los umbrales en los planes de vivienda, tanto en la renta como en edad» de manera que «las familias numerosas puedan acceder a una vivienda de protección oficial (VPO)».
La última demanda al Gobierno andaluz es promover «la figura del alquiler con opción a compra» en viviendas protegidas, mientras que demanda esta figura jurídica se incorpore a los contratos con la posibilidad de establecer «un plan de cesiones en propiedad a los arrendatarios de viviendas» del parque público del que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) es titular, siempre que esos arrendatarios reúnan «determinadas condiciones familiares y de renta».