El conseller Roger Torrent ha declarado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) durante el juicio por presunta desobediencia cuando presidía la Mesa del Parlament: «Prohibir la tramitación de una iniciativa parlamentaria sería contradecir la esencia del parlamentarismo».
Este viernes, último día del juicio que empezó el miércoles, es el turno de los interrogatorios a los acusados, y Torrent solo ha contestado a las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde, y en cambio ha rechazado responder a las preguntas del fiscal para «ser consecuente con la inviolabilidad parlamentaria».
Torrent ha mostrado su «convencimiento de que en el Parlament no se puede prohibir ningún debate» y ha asegurado que si algún grupo parlamentario tenía objeciones a admitir alguna propuesta de resolución se tenía en cuenta junto con la opinión de los servicios jurídicos del Parlament.
Además de Torrent, están acusados en el juicio los exmiembros de la Mesa Eusebi Campdepadrós, Adriana Delgado y Josep Costa --que abandonó el juicio después de las cuestiones previas--, y la Fiscalía pide para ellos penas de inhabilitación de hasta 20 meses por tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista y que reprobaban la monarquía supuestamente a sabiendas de que contravenían órdenes del Tribunal Constitucional (TC).
«Entiendo que el TC no puede prohibir un debate», y ha hecho referencia a la jurisprudencia del propio tribunal al exponer que solo debe controlar las normas ya aprobadas y no actuar preventivamente.
Torrent ha remarcado que la Mesa «solo hacía un control formal» de las propuestas de resolución al admitirlas a trámite y no valoraba su contenido, y ha defendido que como presidente ejercía la neutralidad política.
Ha insistido en que desde su cargo debía proteger la libertad ideológica y de expresión de los diputados, a la vez que el derecho de representación política y la inviolabilidad de la Cámara y los parlamentarios.
"no tiene sentido" parar resoluciones
Ha contado que los servicios jurídicos del Parlament expresaron sus «dudas» sobre si admitir a trámite una resolución sobre el derecho a la autodeterminación podía o no contravenir resoluciones del TC sobre resoluciones anteriores.
También ha remarcado que las resoluciones que la Mesa admite a trámite están en una fase inicial y aún sujetas a enmiendas y a debate, de manera que su contenido puede acabar cambiando, por lo que considera que «no tiene ningún sentido prohibir o paralizar una tramitación parlamentaria».