José Luis Melero, una de las siete personas que obtuvo un contrato de alta dirección en la extinta Divalterra, ha defendido su «profesionalidad» y ha asegurado que es una persona «honrada»: «Yo no tengo nada que ver con Taula ni con esos cuentos y monsergas», ha subrayado.
Melero se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de acusado, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por el caso Alquería, que suma 14 imputados por contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra.
Melero, como el resto de sus compañeros de banquillo, ha querido responder únicamente a las defensas, y ha señalado que se enteró del puesto en Divalterra cuando fue despedido de la Diputación y entonces decidió presentar su currículum.
A partir de ahí, ha indicado que le llamaron y le citaron. Tuvo varias reuniones y finalmente, tras un proceso de selección, le escogieron para el área de promoción. Ha afirmado que no conocía en ese momento a las personas que le entrevistaban y que el primer contacto que tuvo con José Luis Vera, jefe jurídico, fue en la firma del contrato.
«Vera me explicó las características del contrato. Eran términos bastante tajantes. Era un contrato de alta dirección, que favorecía más a la empresa que al trabajador, que dependía de la gerencia y por el que me podían cesar en cualquier momento», ha señalado.
Su horario era de 8 a 15 horas y su salario, según ha manifestado, ascendía a 54.000 euros al año, «menos que lo que cobran los directivos actualmente. Dije que sí porque era una cosa que me gustaba y lo vi como una oportunidad. El salario era importante pero no era lo fundamental», ha agregado.
«Mi sueldo mensual era de 2.400 euros netos en 14 pagas y el que tenía anteriormente era de 2.100 euros. La ganancia que tuve para lo que me ha tocado vivir, imagínese si merece la pena o no», ha insistido.
Una vez en el cargo realizó diferentes proyectos y mantuvo «muchas» reuniones: «Cuando entramos teníamos una idea muy clara de lo que queríamos hacer. A la vista de la crisis financiera teníamos que actuar sobre dos sectores de la población: jóvenes y mayores de 30 años en riesgo de exclusión social y sobre los coordinadores de Desarrollo Local», ha afirmado. Tras ello, ha ido enumerando algunos de los trabajos realizados.
Sin partido político
Por su parte, otra de las acusadas con contrato de alta dirección, María Soledad Torija, ha explicado que se enteró de la oferta en Divalterra y decidió presentar su currículum.
Tras ello, contactaron con ella: «Recibí la llamada de una mujer y me emplazaba a que fuera un día a las antiguas dependencias de Imelsa. En ese momento no era miembro de ningún partido político. Ahora tampoco», ha aclarado.
La persona que le entrevistó fue la entonces gerente Agustina Brines: «En ese momento nos conocimos un poco puesto que no nos conocíamos de nada», ha dicho. Cuando le seleccionaron, la acusada ha expuesto que tenía «claro» que se trataba de un contrato temporal, con el que se le podía cesar en cualquier momento.
Cuando firmó el contrato, la acusada ha manifestado que «nadie» le dijo que hubiera alguna duda o problema con el sistema de contratación: «Con las personas que estaba hablando me daban confianza total», ha apostillado. Por último, ha aseverado que fichaba todos los días «sin excepción» y que tenía a personal a su cargo en el departamento. Hasta 2018 no tuvo conocimiento de que su contrato podía tener problemas. «Nadie me explicó nada», ha subrayado.
Por otro lado, otro de los acusados con contrato de alta dirección, Raúl Ibáñez, ha señalado que cuando se enteró del puesto en Divalterra decidió mandar su currículum y le citaron para una entrevista que hizo con Agustina Brines, a la que no conocía «de nada».
Fue seleccionado para el puesto y en otro encuentro le exhibieron el contrato de alta dirección y se le explicaron las condiciones. «Lo leí, pregunté si estaba todo correcto y me dijeron que sí. Me lo creí y lo firmé. Ya está», ha aclarado.