El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, merced a la mayoría absoluta del PP-A y con el apoyo de Vox, el decreto-ley de medidas fiscales de la Junta que incluye, entre otras cuestiones, la supresión en la práctica del Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía mediante la bonificación del 100% de la cuota, contra el que han votado tanto el Grupo Socialista como Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
Se trata, en concreto, del Decreto-ley 7/2022, de 20 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para paliar los efectos de la inflación mediante la deflactación del gravamen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y para bonificar el Impuesto sobre el Patrimonio, se aprueba la supresión del gravamen para 2023 del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en materia de aplazamiento y fraccionamiento de ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma.
De esta manera, el decreto, que ha defendido ante el Pleno del Parlamento la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, contempla también una deflactación de los primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF y la suspensión, durante el año 2023, del canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas, el conocido como 'canon del agua'.
Esta última medida, según ha puesto de relieve la consejera, va a suponer, sólo durante el año 2023, un ahorro global estimado de 140 millones de euros para familias y empresas, y no va a afectar a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas en marcha, según ha insistido en defender, para apostillar que incluso se podrán licitar nuevas actuaciones, gracias al remanente de recaudación de 551 millones generado durante las legislaturas anteriores a la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta, en las que los ejecutivos precedentes no invirtieron las cantidades recaudadas por este concepto.
Con respecto al IRPF, el Gobierno andaluz también ha acordado aumentar los mínimos personales y familiares exentos de tributación, según ha detallado la consejera, quien ha defendido que esta medida beneficiará a todos los contribuyentes, pero de manera especial a los que tienen rentas medias y bajas, y al respecto ha destacado que el 82% de los contribuyentes andaluces tributa dentro de los tres primeros tramos del IRPF, que son los que se van a deflactar.
Respecto a la bonificación del 100% de la cuota del impuesto sobre el Patrimonio, la consejera de Economía y Hacienda ha insistido en defender que el objetivo de esta medida es atraer a nuevos contribuyentes hacia Andalucía y que esta comunidad autónoma se convierta en la residencia fiscal de un mayor número de contribuyentes.
Carolina España ha remarcado que, en el ámbito de la OCDE, además de en España, este impuesto sólo pervive en Noruega y Suiza, y el hecho de que no exista «en nuestro entorno inmediato», incluida la Comunidad de Madrid, ha hecho que el Impuesto sobre el Patrimonio se comporte como «un freno a la hora de que potenciales contribuyentes instalen su residencia fiscal en Andalucía».
Por otro lado, el decreto ley convalidado este miércoles contempla también el incremento del plazo máximo para aplazamientos y fraccionamientos de las deudas contraídas por ciudadanos, empresas e instituciones con la Junta de Andalucía, hasta doce años con carácter general, para «dar facilidades de pago a los contribuyentes, en un contexto de desaceleración económica» como el actual. Hasta ahora, el plazo máximo que se venía aplicando, condicionado a una serie de requisitos, era de diez años.
La junta "recaudará más" pese a la rebaja fiscal
La consejera ha insistido en defender que, pese a la rebaja fiscal que contempla este decreto, la Junta recaudará «más, porque habrá más contribuyentes y más actividad económica en general», así como ha replicado a «mantras» de la izquierda para aseverar que «bajar impuestos no es igual a recortar los servicios públicos», sino que equivale a «mejorar» los mismos si se combina con una gestión más eficaz.
De igual modo, ha señalado que la normativa convalidada este miércoles «no es un punto y final», sino que «avanza por la senda de la reforma fiscal ya iniciada en 2019», y al hilo ha apostillado que en el Gobierno andaluz son «conscientes de que todavía nos queda seguir mejorando la fiscalidad» en la comunidad autónoma, pero este decreto supone «un paso muy importante», según ha puesto de relieve antes de advertir al Gobierno central, al hilo del impuesto a las grandes fortunas que pretende poner en marcha, que la Junta «no admitirá más ataques a nuestra autonomía».
Psoe-a: "un festín para los ricos y migajas para los pobres"
En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PSOE-A Gaspar Llanes ha criticado la «falta de pertinencia» de este decreto y ha lamentado que, frente al paquete de medidas «muy importantes» que el Grupo Socialista trasladó a la Junta para hacer frente a la inflación con ayudas para quienes «más lo necesitan», el Gobierno andaluz ha optado por montar «un festín para los ricos» y dejar «migajas para los pobres» con rebajas fiscales que, según ha abundado, suponen «menos recaudación e inversiones públicas y más desigualdades».
El portavoz adjunto de Vox, Javier Cortés, ha manifestado que aunque las medidas incluidas en el decreto son «insuficientes», esperan que sirvan algo para afrontar la coyuntura económica actual. Ha indicado que hay que tratar «a todos por igual y sin miedo a lo que diga la izquierda», así como ha reclamado a la Junta la necesidad de crear un «escudo social», y ha criticado como un «error» que el Gobierno andaluz presente esta iniciativa como una forma de enfrentarse con el «territorio hermano» de Cataluña tratando de quitar empresarios inversores a dicha comunidad.
En representación de Por Andalucía, la portavoz parlamentaria, Inmaculada Nieto, ha manifestado que este decreto es «tremendamente injusto, muy irresponsable y tiene una tremenda carga dogmática». Ha denunciado que la política fiscal del Gobierno andaluz alivia de manera clamorosa a los ricos, mientras que la intervención en favor de la mayoría social es «mínima». Ha acusado además al Ejecutivo autonómico de entrar en un «dumping fiscal» en España.
La presidenta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha tildado de «populistas» las medidas que contempla este decreto porque «van a beneficiar a un 1% de los más ricos de Andalucía» a cambio de «recortar los servicios públicos al 99% restantes de los andaluces», según ha criticado, y ha replicado a la consejera de Economía que es «absolutamente falso que conforme menos impuestos haya, más se va a recaudar».
Por último, y frente a estas críticas de la oposición, el diputado y secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha felicitado al Gobierno andaluz y ha lamentado que «parece que a algunos les molesta que el PP esté trabajando por sacar a Andalucía del vagón de cola en el que algunos la dejaron».