El gasto por la COVID-19 en Aragón los ejercicios 2020 y 2021 ha ascendido a 506 millones de euros; la merma de ingresos, principalmente por el descenso de recaudación debido al parón de la actividad por el confinamiento y las restricciones a la movilidad, ha sido de 84 millones; y los fondos adicionales procedentes del Estado sumaron 963 millones, lo que genera un excedente de recursos de 373 millones de euros.
Estos datos los ha dado a conocer la Cámara de Cuentas de Aragón que ha hecho público el informe titulado «Impacto de la crisis del COVID-19 en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2020 y 2021», realizado a iniciativa de la institución y de las Cortes de Aragón.
El informe revisa los gastos de la Comunidad Autónoma para hacer frente al COVID-19, la caída de los ingresos por las consecuencias derivadas de la pandemia y los fondos adicionales que recibió del Estado para atender las necesidades sobrevenidas.
Asimismo, los auditores han analizado la contratación de los bienes y servicios necesarios para hacer frente a dicha situación extraordinaria, así como las subvenciones que la administración autonómica concedió con el fin compensar a las personas y a los sectores económicos más afectados por la pandemia.
El análisis de los gastos incide en los departamentos y organismos más impactados por la pandemia. Así, el SALUD gastó 143 millones en cada ejercicio analizado, el departamento de Educación, 9 y 27 millones, respectivamente, y el IASS, 13 millones en 2020 y 3 en 2021. La suma del gasto del resto de departamentos y entidades es de 47 millones en 2020 y 121 en 2021, mayoritariamente, en subvenciones.
A pesar de que la Comunidad Autónoma creó un código en su contabilidad para distinguir el gasto COVID del resto de gasto y poder hacer su seguimiento, la falta de uso, excepto por parte del IASS que sí lo empleó, ha dificultado a los auditores su identificación, lo que se ha considerado una limitación al alcance del trabajo de fiscalización de la Cámara.
Emergencia
Los recursos se destinaron, principalmente, a pagar el aumento de personal sociosanitario y educativo necesario para atender a las personas afectadas por la pandemia; a adquirir los bienes, servicios y equipamientos precisos para enfrentar la emergencia y al apoyo, mediante subvenciones, a las personas y colectivos que, en mayor medida, sufrieron sus consecuencias sociales y económicas.
En concreto, el gasto en personal fue 168 millones de euros en la suma de los dos ejercicios: 140 millones con cargo al SALUD para reforzar el personal sanitario desde la declaración de la pandemia; 22,5 millones correspondientes al departamento de Educación, en su mayor parte para contratación de docentes, a partir de septiembre de
2020, y 1,7 millones el IASS, casi la totalidad, imputados al ejercicio 2020, cuando las residencias de mayores vivieron las situaciones más dramáticas.
El gasto para adquirir bienes, prestar servicios y disponer de equipamientos que exigió la gestión de la pandemia ascendió a 180 millones de euros --105 millones en 2020 y 75, en 2021--. Bajo este paraguas, se incluyen la atención hospitalaria a los pacientes COVID,
los equipos de protección individual, reactivos, pruebas de laboratorio, respiradores, medicamentos para tratar la enfermedad, la reserva de plazas en residencias, aplicaciones informáticas, los hospitales de campaña, el servicio de transporte de muestras y personas, entre otras.
Una parte de este gasto se imputó a contratos que ya estaban en marcha con anterioridad a la declaración de la pandemia y del estado de alarma; para el resto, se adjudicaron nuevos contratos, el 94%, por el procedimiento de emergencia.
La Cámara de Cuentas ha analizado, específicamente, la contratación del año 2020, en el que se adjudican 749 contratos por 48 millones de euros, de los que 428 se adjudican por procedimiento de emergencia, por 45,3 millones de euros. Más de la mitad de los contratos de emergencia «COVID» se adjudicaron por el SALUD --327 contratos por importe de 35 millones de euros--, seguido del IASS --62 contratos por importe de 5,7 millones de euros--.
Los auditores también han analizado otros contratos de emergencia que no guardan relación con el COVID, por 14 millones de euros.
A pesar de la «masiva» contratación de emergencia en 2020, el gasto tramitado por este procedimiento solo representa el 4,7% del gasto ejecutado para compras de bienes, servicios e inversiones --capítulos 2 y 6 del presupuesto de 2020--.
Carga de trabajo adicional
El estudio señala que la comunidad autónoma utilizó con carácter general la tramitación de emergencia de manera «correcta» para contratar con la mayor inmediatez posible los suministros y servicios necesarios para hacer frente al COVID-19, aunque la auditoría confirma, por un lado, los riesgos de este procedimiento y, por otro, algunos «incumplimientos» de la normativa que regula esta forma de contratación excepcional.
El gasto destinado a subvenciones fue de 44 millones de euros en 2020 y 111 en 2021. En el primero de estos dos años, la administración autonómica gestionó 30 líneas de actuación y concedió ayudas a 23.878 beneficiarios; en el segundo, fueron 11 líneas COVID y 21.496 beneficiarios.
En términos generales, el esfuerzo de la Comunidad Autónoma se destinó a apoyar el turismo y la hostelería, el transporte de viajeros, la solvencia y competitividad empresarial, la prestación de servicios sociales y la contratación de empleados para las residencias de personas mayores, entre otros.
Algunas conclusiones de una muestra de expedientes señalan que la tramitación de estas ayudas por parte de la Comunidad Autónoma generó una «enorme» carga de trabajo adicional a la actividad habitual, que se gestionó con los mismos recursos y sin disponer de los datos fundamentales para una adecuada distribución de las ayudas.
Algunas ayudas no se diseñaron correctamente y no tuvieron el impacto esperado, como las del alquiler de vivienda o subvenciones a préstamos de cooperativas agrarias, en 2020. En 2021, ninguna de las líneas revisadas agotó el crédito disponible y todas tuvieron una ejecución inferior a la prevista, de entre el 46% y el 80%.
Especialmente baja fue la ejecución de la línea COVID de apoyo a la solvencia empresarial, diseñada por el Estado, en la que se concedieron 65 millones de un total de 141 recibidos del Estado.
La auditoría también evidencia que algunas empresas beneficiarias recibieron ayudas de varias líneas de subvención con las que obtuvieron un mejor resultado económico que en el ejercicio previo a la pandemia.
Recomendaciones
El informe concluye con siete recomendaciones a los gestores públicos. Entre ellas, potenciar la compra centralizada interdepartamental para mejorar la eficacia, eficiencia y economía de
los recursos públicos dedicados a la contratación pública y aprovechar las economías de escala en la compra de suministros de uso común; usar el sistema contable de seguimiento del gasto para garantizar su trazabilidad; unificar la información de los registros de contratos para garantizar que sea completa y homogénea.
También prever instrucciones internas para la tramitación de los contratos de emergencia que ayude a los gestores a mitigar riesgos identificados en este informe e implantar un adecuado control de la información que debe suministrarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, tanto de las convocatorias, como de las resoluciones de concesión a los beneficiarios, para garantizar la transparencia y un control eficaz de la concurrencia de ayudas sobre un mismo objeto.
El informe ya ha sido remitido al Gobierno de Aragón y a las Cortes para su análisis, ha informado la Cámara de Cuentas.