La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciará el adelanto a este año 2022 de la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF y que así surta efectos en la Declaración de la Renta de los madrileños del próximo año.
Lo detallará durante su intervención en la primera jornada del Debate del Estado de la Región que se celebra desde este lunes en la Asamblea de Madrid, según han informado fuentes del Gobierno regional.
El objetivo de este adelanto, que estaba previsto que entrara en vigor en 2023, es que las familias puedan disponer de «mayores recursos con los que hacer frente a la alta inflación y la subida de precios de la energía, carburantes o alimentos».
El incremento salarial puede provocar que una persona pase de su actual tramo del impuesto al siguiente más superior, lo que conlleva pagar más. Desde el Ejecutivo madrileño han destacado que «la deflactación pretende que los madrileños sigan aportando lo mismo que hasta ahora para que la subida de sus retribuciones pueda destinarse a hacer frente a un mayor coste de bienes y servicios».
Por ello, también va a aplicarse al mínimo personal y familiar, que es la parte de la renta por la que no se tributa al destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares. De esta manera, se elevará el tope de este tramo para que las familias no acaben pagando una cuota superior a la de su capacidad económica.
Supondrá un ahorro estimado de más de 300 millones
Para establecer el porcentaje sobre el que se realizará la deflactación, se tomará como referencia el incremento medio de los sueldos en la Comunidad de Madrid, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que son los rendimientos de trabajo los que están ligados a la tributación por IRPF. En concreto, se establecerá el dato del segundo trimestre de 2022, que se publicará el próximo 16 de septiembre.
Una vez que se apruebe este mismo año, se sumará a la rebaja de medio punto de todos los tramos autonómicos del impuesto validado por la Comunidad de Madrid, que entró en vigor el pasado 1 de enero, y que supondrá un ahorro estimado de más de 300 millones de euros.