El Consejo de Gobierno retomará este martes sus reuniones después del paréntesis impuesto por las vacaciones de verano, aunque cuando este martes, día 30, se congregen de nuevo todos los integrantes del Ejecutivo autonómico bajo la presidencia de Juanma Moreno será la cuarta reunión mensual, por cuanto este órgano colegiado ha celebrado tres reuniones en agosto antes del descanso estival, además de las otras dos que mantuvo en julio.
La actividad desplegada por el Gobierno andaluz se ha centrado en poner en pie los altos cargos que integran cada departamento. Hasta el momento, Moreno y sus trece consejeros han hecho 83 nombramientos. Ese ejercicio comenzó en la sesión de 29 de julio, cuando se hicieron once nombramientos, a los que siguieron los cuatro que se produjeron el 2 de agosto, así como los diez del 9 de agosto y los 58 de la reunión del 11 de agosto, aunque ésta fue una reunión extraordinaria y telemática.
Queda pendiente en la definición de la estructura política de la Administración andaluza el decreto que defina su representación en cada provincia, que descansa sobre la figura del delegado del Gobierno de la Junta y los consiguientes delegados territoriales, ámbito donde el presidente de la Junta deberá determinar si cuenta con uno por cada Consejería, que en la XII Legislatura son trece departamentos, dos más que en la legislatura precedente.
Falta por concretar también si el Gobierno andaluz contará en esta legislatura con un portavoz del Gobierno, una responsabilidad que, hasta el momento, ha venido ejerciendo de facto el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social, y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, aunque no ostenta la competencia de forma oficial como sí fue el caso de su antecesor en la cartera, Elías Bendodo.
Además de los nombramientos, en la primera reunión que celebró el Consejo de Gobierno, el 26 de julio, día de la toma de posesión de los consejeros, se aprobó el techo de gasto no financiero para el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autonóma para 2023.
El Ejecutivo autonómico argumentó entonces, a través de una nota, que «para calcular el techo de gasto es imprescindible contar con el objetivo de déficit y también con el límite de deuda pública que corresponda a Andalucía, conocer la metodología de cálculo de la regla de gasto y la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de la economía española, las transferencias finalistas de otras Administraciones Públicas (fondos europeos, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otras transferencias) o del Fondo de Compensación Interterritorial», para reconocer seguidamente que «sin embargo, estos parámetros no se conocen a día de hoy».
El 29 de julio, además de arrancar con la primera tanda de nombramientos, el Gobierno andaluz aprobó el proyecto de Ley de Atención Temprana de Andalucía, así como anunció que el curso educativo 2022-23 contará con casi 5.000 docentes más no universitarios.
El 2 de agosto el Consejo de Gobierno acordó aprobar otro proyecto de ley, éste de creación de los Cuerpos de Auditoría e Intervención, así como, entre otros asuntos, la declaración de interés autonómico de la construcción del nuevo Hospital de Málaga, la calificación de 85 proyectos de inversión industrial para acogerse al Fondo de Transición Justa y la tramitación para montar una planta de metanol verde en la provincia de Cádiz.
El 9 de agosto, el Ejecutivo autonómico aprobó, entre otros contenidos, dos contratos de 59 millones de euros para el metro de Granada, destinar 2,8 millones para el refuerzo de 218 órganos judiciales, un paquete de medidas para el ahorro energético en sus edificios yla modificación de la Ley de Emergencias para la promoción de los bomberos.