La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado que en la reunión solicitada con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, propondrá que el protocolo firmado a principios de julio por Gobierno, Junta y varios ayuntamientos para erradicar los asentamientos irregulares «se traduzca en un convenio» para que «tengamos responsabilidades en papel que nos vinculen y nos implique a todas las administraciones».
Así lo ha indicado la consejera en una entrevista a Europa Press, en la que ha destacado que «se trata de trabajar con el Gobierno central, porque si no es imposible, junto a la Junta de Andalucía y los ayuntamientos», en una cuestión que afecta principalmente a las provincias de Huelva y Almería y una de las primeras que López abordó al llegar a la Consejería tras su toma de posesión el pasado 26 de julio. Además, ha añadido, «con dos cuestiones importantes, los sectores productivos y las distintas entidades sociales que trabajan directamente con esta población».
Sobre la organizaciones sociales, la consejera ha incidido en que «es muy importante ir con ellas de la mano», porque «prestan unos servicios donde a veces no llegamos las administraciones y porque tienen una especialización en eso, no es algo nuevo para ellas, y al final eso es escuchar a la sociedad».
Al respecto, la titular de Inclusión Social ha destacado que «si vamos a hacer política del despacho para adentro nos hemos equivocado y por muy buenas que sean las intenciones, seguramente errarás». «La política se hace de la mano de esa gente que está en el tajo todo los días», ha concluido.
El pasado 1 de julio se firmó en Huelva un protocolo general de actuación entre el por entonces secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, la anterior consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, y los alcaldes de Lepe y Moguer, Juan Manuel González y Gustavo Cuéllar, con el que impulsar la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras en estos dos municipios onubenses y consolidar modelos de integración.
Dicho protocolo, como señaló en aquel momento Enrique Santiago, ya contempla tres actuaciones concretas, como son la puesta en marcha de infraestructuras de acogida temporal para los trabajadores; un sistema de derivación para viviendas en núcleos urbanos con coordinación e itinerarios sociales; y el diseño de un plan que partiendo de esta provincia es extrapolable a otras provincias españolas como a Almería, Murcia o Albacete.