La Agència Catalana del Consum de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha instado a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, la Asociación de Cajas y Bancos creadas por ellas (CECA) y la Asociación Española de Banca a adherirse a un código de buenas prácticas que garantice el acceso a los servicios bancarios, con frecuencia diaria y en el horario de oficina íntegro, sin cita previa y con atención personalizada a todas las personas que acrediten la imposibilidad de operar digitalmente.
Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Acción de Empresa y Trabajo, que en materia de consumo prevé como prioritario el refuerzo de la protección de los derechos de los consumidores más vulnerables, especialmente en lo que se refiere a los servicios considerados básicos, como el caso de los financieros, ha informado este martes el departamento en un comunicado.
La propuesta de texto, elaborada por la Agència Catalana del Consum, expone las dificultades que tienen los consumidores más vulnerables --especialmente los ancianos-- a la hora de usar aplicaciones telemáticas para hacer operaciones bancarias que antes hacían presencialmente.
Por tanto, el código destaca la necesidad de que las entidades implementen acciones en matera de formación, tanto en su personal como usuarios, y refuercen la atención personalizada y presencial, en detrimento del servicio a distancia y por medios electrónicos para fomentar la inclusión financiera en todos los usuarios.
El texto también recoge compromisos para garantizar la disponibilidad de un número suficiente de cajeros automáticos en el territorio, aprovechando establecimientos comerciales no financieros o con la instalación de cajeros móviles, especialmente en las zonas rurales; poner a disposición de la gente mayor y colectivos vulnerables cajeros automáticos específicos adaptados a sus necesidades, y la supresión de comisiones bancarias de las operaciones por ventanilla, entre otros.
El impulso de este código de conducta también responde a un mandato del Parlament que insta al Govern a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el acceso de la ciudadanía en igualdad de condiciones a todos los servicios con consideración de básicos y, especialmente, a las operaciones bancarias, al dinero efectivo y a las gestiones bancarias personalizadas fuera del ámbito digital.