La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ejecutivo aragonés, Mayte Pérez, ha presidido este jueves una reunión del Consejo Local en la que se ha informado del proyecto de modificación de la Ley de Urbanismo de Aragón. En este encuentro también se ha analizado el decreto del plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno central y su incidencia en las entidades locales.
El Consejo Local es el órgano de colaboración y coordinación entre el Gobierno de Aragón y las asociaciones representativas de las entidades locales aragonesas. Este organismo está conformado por varios miembros del Gobierno autonómico y de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), en este último caso con representantes de varias formaciones políticas.
En la reunión de este jueves han estado presentes el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, y los directores generales de Administración Local y de Relaciones Institucionales, José Ramón Ibáñez y Ricardo Almalé, respectivamente. También han participado el secretario general técnico del Departamento de Presidencia, José Luis Pinedo, y el de Hacienda, Sergio Pérez.
Respecto al decreto de ahorro, la consejera de Presidencia ha recordado la posición del Gobierno de Aragón que ya se trasladó el lunes a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la Conferencia Sectorial de Energía, Industria y Comercio.
«Compartimos la filosofía y la necesidad del decreto de ahorro energético, pero ponemos de manifiesto que hay cuestiones que aclarar, que se necesita más margen de tiempo y se debe valorar sus implicaciones económicas», ha manifestado Mayte Pérez.
Las entidades locales han mostrado por su parte su disposición al «estricto cumplimiento» del plan y han recordado que ya han realizado «muchos esfuerzos en esa línea» en los últimos años.
Los Estados miembros de Europa deberán reducir el 15 por ciento en su consumo energético; excepto España y Portugal, donde el ahorro será del 7 por ciento, por la excepción ibérica. El decreto de ahorro energético se enmarca en esta política de reducción y tendrá vigencia hasta noviembre de 2023.
Reforma de la ley de urbanismo
En cuanto al proyecto de ley para la modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, este aspira a dar más coherencia y facilitar algunas intervenciones sobre el suelo, particularmente en los municipios de menor tamaño ya que carecen de plan general, ha informado en una nota de prensa el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
Entre las modificaciones está el dar la posibilidad a estas localidades sin planeamiento de autorizar directamente ampliaciones de construcciones rurales tradicionales, en suelo no urbanizable, hasta en un 20 por ciento de su superficie actual y como mínimo de 20 metros cuadrados.
El nuevo texto cambia también la regulación de las denominadas «zonas de borde», que consisten en suelos no urbanizables contiguos al suelo urbano y solo son aplicables a municipios de menos de 2.000 habitantes.
Cuando se apruebe será posible que la superficie máxima edificable en estos casos, de 300 metros cuadrados, se pueda hacer efectiva en una o en dos edificaciones, una principal y otra auxiliar, en el convencimiento de que en municipios en los que es aplicable la zona de borde tal opción no supone ningún empeoramiento de la imagen ni de las condiciones urbanísticas.