La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ampliará el Plan de Especial de Reactivación de la Administración de Justicia para lo que resta del año 2022. El citado plan se desarrollará desde el 15 de septiembre al 30 de noviembre (once semanas), y permitirá reforzar 38 órganos judiciales en la provincia de Cádiz (219 en toda Andalucía) de los que 14 tienen competencias
en materia de violencia de género, además de la Fiscalía provincial.
La renovación de estos refuerzos supondrá una inversión total de 2.875.274,28 euros y permitirá que 683 funcionarios de toda Andalucía trabajen tres tardes a la semana para descongestionar los tribunales tras la crisis sanitaria generada por el Covid-19, según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota.
Se prolonga así una medida muy valorada por el sector. Este Plan de Reactivación, como en el caso de los anteriores, ha sido llevado a la Mesa Sectorial y cuenta con el visto bueno de las organizaciones sindicales. Las actuaciones contempladas responden a las necesidades planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que determina previamente en un informe los órganos judiciales y fiscales susceptibles de contar con estos refuerzos.
Así, se reforzarán las ocho Fiscalías provinciales, tres Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf) y 219 órganos judiciales. De ellos, 94 tienen competencia en Violencia sobre la Mujer para paliar las necesidades que surjan tras la progresiva finalización de los refuerzos con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género; y seis tienen competencia en materia de revisiones de capacidad jurídica.
En el caso de éstos es de especial relevancia esta medida ante la reforma legislativa aprobada hace un año para el apoyo a las personas declaradas con capacidad modificada judicialmente que obliga a revisar en los próximos tres años las medidas establecidas respecto a éstas.
En el caso de la provincia de Cádiz, los órganos judiciales que han sido incluidos en el plan son la Sección séptima de la Audiencia Provincial, los juzgados de Primera Instancia 2 de Algeciras, 6 de Jerez y 2 y 3 de Cádiz; el Juzgado de lo Mercantil 1 de Cádiz; los Juzgados de los Social 1, 2 y 3 de Jerez; los juzgado mixtos 1, 2 y 3 de San Roque, 1 de Barbate y 1, 2, 3, 4 y 5 de La Línea de la Concepción; los de Instrucción 1, 2, 3, 4 y 5 de Algeciras; y el Penal 2 de Cádiz.
Además, se han incluido los juzgados con competencias en violencia sobre la mujer de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Chiclana, el 4 de El Puerto de Santa María, el 2 de San Fernando, el 4 de Sanlúcar de Barrameda, el número 3 de Arcos de la Frontera, el 2 de Barbate, el 2 de Puerto Real, el 2 de Rota, el de Ubrique, el Penal 4 y el de Violencia sobre la mujer de Algeciras y las Fiscalías de Algeciras, Jerez y Cádiz.
En toda Andalucía van a participar en este plan cuatro médicos forenses y 679 funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia (Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial).
Al igual que en las anteriores fases de este Plan de Reactivación la medida de auto-refuerzo consiste en la prolongación de jornada tres tardes a la semana (lunes, martes y jueves) por una persona funcionaria de cada cuerpo. En los Institutos de Medicina Legal se ha incluido un médico forense, personal del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y personal del cuerpo de Auxilio Judicial.
En los juzgados con competencia en revisiones de capacidad se implanta la medida de auto-refuerzo mediante un tramitador en cada uno de los órganos.
De forma periódica se analizarán los datos de entrada y pendencia de los órganos objeto del plan para adoptar las modificaciones que se consideren necesarias para garantizar la finalidad pretendida, incluida la supresión de la medida cuando no se estén cumpliendo los objetivos acordados.
El Plan de Reactivación, una medida sin precedentes en la Administración de Justicia, destinó la pasada legislatura 15 millones de euros a refuerzos para aliviar la situación de sobrecarga laboral agravada por la pandemia, ha concluido la Consejería.