El presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, ha llamado a los comercios a no cumplir el decreto energético y ha asegurado que «no tiene régimen sancionador».
«Tenemos el Gobierno más gastón, más despilfarrador de la democracia. A quien pide esfuerzo, el primero que tiene que dar respuesta es el Gobierno», ha asegurado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.
El real decreto responde al compromiso de España con la Unión Europea para rebajar el consumo de gas en un 7% ante la crisis de Ucrania y en «solidaridad» con los Estados cuyo principal proveedor es Rusia, como es el caso de Alemania.
Alfaro ha insistido en llamar a «ignorar la ley, que ha descrito como »no trabajada« y producto de »una tarde que estaban aburridos en una barra de un bar« y que »no tiene un objetivo real".
El real decreto establece, entre otros, la regulación de las temperaturas máximas y mínimas en los locales --estableciendo flexibilidad para sectores como el hostelero--, la obligación de cerrar las puertas para que no haya escape térmico del aire acondicionado y la calefacción y el apagado de los escaparates a partir de las 22 horas para ahorrar energía, como ya sucedió la pasada noche, primera desde su entrada en vigor.
«La sociedad civil está hasta el gorro. Es una ley que está mal hecha. Que es contradictoria», ha asegurado el líder de Madrid Foro Empresarial, quien, además, ha asegurado que «no tiene régimen sancionador».
La Comunidad de Madrid reconoció este martes que tienen que acatar la ley y que, además, tendrán que sancionar a las personas que no la acaten.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, señaló ayer que es importante su aplicación y que «no hay una voluntad constatada y generalizada de incumplir las normas». «No creo que haya una voluntad de insumisión generalizada», ha asegurado Ribera en declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press.
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha insistido en que, en general, hay una voluntad de cumplimiento y ha afirmado que «en principio» las comunidades autónomas deberían de contar con los equipos que vigilen el cumplimiento del decreto.