El diputado del grupo 'Por Andalucía' elegido por la provincia de Córdoba, José Manuel Gómez, ha registrado una solicitud de información en el Parlamento autonómico en la que reclama "datos relativos al coste total del acto de toma de posesión de los presidentes de la Junta de Andalucía entre la primera y la undécima legislaturas".
Esta solicitud de información se une a otra, también registrada en el Parlamento por el mismo diputado y que él mismo anunció el pasado lunes en una atención a medios en Jaén, con la que José Manuel Gómez solicita documentación acerca del coste total del acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de la duodécima legislatura celebrado el pasado sábado, 23 de julio, ante el Palacio de San Telmo de Sevilla.
Dicho acto, con unos 600 invitados, se celebró fuera del Parlamento andaluz por primera vez desde el año 1994, y tuvo lugar al aire libre, en la explanada situada frente a la fachada principal del palacio que sirve de sede de la Presidencia de la Junta, en la avenida de Roma de Sevilla.
El pasado lunes, el citado diputado de 'Por Andalucía' por Córdoba ya criticó ese acto comparándolo con una "coronación", y anunció que su grupo iba a registrar una solicitud de información en el Parlamento para conocer los gastos derivados del mismo.
La portavoz parlamentaria de 'Por Andalucía', Inmaculada Nieto, no asistió a ese acto de toma de posesión de Moreno, y un comentario en su cuenta de Twitter el mismo sábado, 23 de julio, justificó su ausencia expresando que le parecía "un error" llevar a cabo la toma de posesión "fuera del Parlamento y con un formato tan pomposo y cesarista".
Las dos solicitudes de información que ha registrado José Manuel Gómez en relación a las tomas de posesión de presidentes de la Junta están fechadas el pasado 25 de julio, se dirigen a la Presidencia del Parlamento andaluz, y se apoyan en el artículo 7 del Reglamento de la Cámara.
Dicho artículo del Reglamento concede a los diputados, "previo conocimiento de su respectivo grupo parlamentario", la "facultad de recabar de las Administraciones públicas de la Junta de Andalucía los datos, informes o documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por dichas administraciones, siempre que su conocimiento no conculque las garantías legalmente establecidas para la protección de los datos de carácter personal".