La mesa de diálogo se reunirá este miércoles a partir de las 10.00 horas en La Moncloa con voluntad de avanzar en la "desjudicialización" del conflicto catalán, y viene precedida por la reunión que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mantuvo con el del Gobierno, Pedro Sánchez, a mediados de mes.
Se trata de la tercera reunión de la mesa de diálogo, la segunda con Aragonès como presidente de la Generalitat: la primera fue en febrero de 2020 en Madrid con el expresidente Quim Torra, y la segunda tuvo lugar el 15 de septiembre de 2021 en Barcelona.
En esta ocasión, Aragonès y Sánchez no irán al encuentro y tampoco acudirán de nuevo los representantes de Junts, formación que da por acabada la mesa de diálogo y que pide abrir una nueva etapa para abrir una "negociación real" con el Estado.
En la reunión de septiembre de 2021, Junts ya no participó en el encuentro porque consideró que se vetaron los nombres que había propuesto, entre los cuales personas que no formaban parte del Govern, pero Aragonès argumentó que sólo podían participar en ella miembros del Ejecutivo catalán, no de partidos.
La delegación catalana este miércoles la integrarán la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà; el conseller de Empresa, Roger Torrent; el de Interior, Joan Ignasi Elena, y la de Cultura, Natàlia Garriga, mientras que por parte del Gobierno central acudirá el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Tras pegasus
La mesa de diálogo tiene lugar tras un periodo de congelación de las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat por el caso del espionaje a independentistas con el software Pegasus, el denominado CatalanGate, a raíz del cual dimitió la entonces directora del CNI, Paz Esteban.
Aunque se no ha hecho público el orden del día, se prevé que la mesa aborde la "desjudicialización" del conflicto catalán, sin concretar qué ámbitos puede abarcar este concepto, y podría tratar otros aspectos relacionados con la protección del catalán, han explicado fuentes consultadas, una cuestión del departamento de Garriga.
Desde ERC, se ha expresado en diversas ocasiones la voluntad de que el Gobierno avanzara en la misma dirección de lo que dictan organizaciones como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, que piden la eliminación del delito de sedición del Código Penal.
También han reiterado su compromiso de trabajar por el ejercicio del derecho a la autodeterminación y por una ley de amnistía así como su voluntad de avanzar en una "agenda antirepresiva".
"superación de la judicialización"
Precisamente, en uno de los encuentros que Vilagrà y Bolaños mantuvieron este mes firmaron un documento que establece que los objetivos de la negociación entre ambos gobiernos son la "superación de la judicialización" y la búsqueda de acuerdos para resolver el conflicto catalán.
Sobre el primer objetivo, ambos ejecutivos se comprometían a contribuir "al fin de la judicialización del conflicto político, dado que incrementa la polarización de posiciones y dificulta la búsqueda de soluciones", y reconocían la legitimidad de las diferentes ideologías y proyectos democráticos sea cual sea su visión de Catalunya y su relación con el resto de España.
También reafirmaban la necesidad de debatir y tratar de llegar a acuerdos sobre las posiciones políticas de cada parte, y se comprometían "con los derechos fundamentales de las personas identificadas con cada proyecto y rechazan la persecución o criminalización de las diferentes opciones políticas".
En el segundo objetivo del diálogo que planteaban en el documento, se comprometían a apostar por la vía política y la búsqueda de soluciones pactadas para resolver el conflicto.
Otro punto constataba que las actuaciones de las instituciones deben garantizar "en todo momento los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad política e ideológica de todas las personas que se identifican con las posiciones políticas y democráticas presentes en Catalunya", por lo que rechazan actos o decisiones que vulneren derechos por motivos ideológicos, algo que fuentes del Govern interpretan como un compromiso para no repetir casos como el de Pegasus.