Los cargos del Govern investigados judicialmente por presuntamente discriminar a policías y guardias civiles en el plan de vacunación contra el coronavirus de la Generalitat --que ya dictaminó una sentencia-- han alegado ante el juez que hubo retrasos en el envío de los censos de agentes de estos cuerpos a los que había que vacunar.
Fuentes presentes en los interrogatorios en el Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona de este viernes han explicado que los cuatro investigados también han hecho referencia a que la vacuna de AstraZeneca dejó de administrarse a menores de 60 años al detectar casos de trombosis.
Sin embargo, las acusaciones mantienen que cuando se pausó esta vacuna el porcentaje de vacunados en Mossos d'Esquadra y Policías Locales ya era superior en comparación al de Policía Nacional y Guardia Civil.
Este viernes el juez y los abogados de las defensas han interrogado a la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas; al entonces director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella; a la exdirectora del área de Organizaciones y Profesionales del CatSalut Sara Manjón y al exdirector de Servicios del departamento Xavier Rodríguez.
Están investigados por presunta prevaricación, infracción de la normas de prevención y delito contra los derechos de los trabajadores, y todos han declinado contestar a las preguntas de las acusaciones de la causa, en la que están personados la Asociación de la Guardia Civil, Justicia Civil (Jucil) y Justicia Policial (Jupol).
En concreto, han explicado que recibieron los censos de agentes a los que vacunar entre dos y tres semanas tarde en comparación con los datos de Mossos d'Esquadra, cuerpo en el que el porcentaje de vacunados fue mucho más alto cuando las vacunas se priorizaban para trabajadores de emergencias.
Fuentes de la Conselleria de Salud consultadas por Europa Press tras los interrogatorios han defendido "la profesionalidad de todo el equipo que ha participado en la campaña de vacunación, que ha sido ejemplar".
Tsjc
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) valoró los datos de vacunación en cada cuerpo policial y en diciembre sentenció que con el plan de vacunación la Generalitat "no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales respecto de los internos".
Esta sentencia partía de un recurso que presentaron sindicatos policiales, con los que la Fiscalía concordó pero al que la Generalitat se opuso: negó que discriminara a los cuerpos estatales y alegó que "fueron acontecimientos ajenos a ella las que provocaron que la vacunación se produjera al ritmo" que se había fijado.
Sin embargo, fuentes de los sindicatos implicados mantienen que enviaron los censos a la vez que al resto de comunidades autónomas --solo ha habido retrasos en Catalunya-- y reprochan que, aún antes de que se suspendiera la vacunación con AstraZeneca, el porcentaje de vacunados en Mossos ya era superior en comparación al de Policía Nacional y Guardia Civil.
"responsables" de la decisión
Después de los interrogatorios, la portavoz de Jucil en Catalunya, Milagros Cívico, ha afirmado en declaraciones a los periodistas que cuando ya había un 80% de mossos y policías locales vacunados, solo un 4% de guardias civiles en Catalunya habían recibido las dosis.
Ha lamentado que la Fiscalía no haya asistido a los interrogatorios de este viernes, ha recordado que el TSJC ya les "dio la razón" con la sentencia de diciembre y ha reivindicado un complemento salarial para los guardias civiles en Catalunya similar al que ya existe en el País Vasco.
Por su parte, el portavoz de Jupol Pablo Pérez ha lamentado que después de los interrogatorios todavía "se desconoce quién ha sido el responsable de tomar la decisión de retrasar la vacunación".
Ha exigido encontrar a los responsables para "que expliquen los motivos que han llevado a tomar esta decisión" y ha tachado de falta de respeto la ausencia del fiscal.