Los desafíos que tiene Europa por delante son muchos y difíciles: el envejecimiento de su población, la permanencia del virus, los conflictos bélicos en sus fronteras, el endeudamiento elevado de los países del sur, la dependencia energética y la inflación. También, la necesidad de inversiones masivas en tecnologías medioambientales, digitalización e inteligencia artificial si quiere contar en el mundo del futuro. Todo esto exige una Europa unida, solidaria, decidida y unas reglas fiscales diferentes. Son demasiados desafíos para enfrentarse cada uno por su lado.
El proceso de integración en la Unión Monetaria, encaminado a cumplir los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht, de ninguna manera dotó a los países de instrumentos adecuados para hacer frente a los shocks asimétricos que más tarde se producirían y mucho menos a unos desafíos que si no se superan convertiría a Europa en un bloque secundario sin importancia en el mundo en un futuro cercano. El objetivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) era prevenir la aparición de un déficit presupuestario en la Eurozona tras la entrada en vigor del euro. La aplicación del Pacto se basaba fundamentalmente en dos pilares: el principio de Supervisión Multilateral de las situaciones presupuestarias y el Procedimiento de Déficit Excesivo. Con respecto a la Supervisión Multilateral, los estados miembros debían presentar un programa de estabilidad cuyo objetivo a medio plazo era lograr una situación presupuestaria próxima al equilibrio o con superávit, y una trayectoria de ajuste presupuestario para alcanzar este objetivo, así como la tendencia prevista para no superar el volumen de la deuda el 60% del PIB. Si el Consejo Europeo detecta un déficit excesivo, envía, en primer lugar, recomendaciones, y si no se ajusta a ellas puede imponer sanciones (depósitos sin intereses a favor de la Comunidad), que se convierte en multa si en los dos años siguientes no se corrige ese déficit excesivo.
Posteriormente se ha reformado el PEC con la introducción de tres nuevos elementos: el primero dice que la regla de equilibrio o superávit presupuestario debe ajustarse a la situación del ciclo económico, tomando en consideración no el déficit corriente, sino el déficit estructural. El segundo elemento dice que en el procedimiento de vigilancia y supervisión de los déficits excesivos se ha de ponderar más la sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo frente a los déficits y de esta manera habrá una supervisión más estrecha de aquellos estados con elevados niveles de deuda que no sean capaces de reducirlos significativamente, y a largo plazo se les aplicaría automáticamente el procedimiento de los déficits excesivos. Y por último se flexibiliza el cumplimiento de la regla de equilibrio presupuestario, permitiendo a aquellos estados con situaciones presupuestarias “sanas” desviarse de forma temporal de dicha regla, siempre que no se supere el límite del 3% del PIB ni el 60% de la deuda. A cambio se obliga a los estados a que eviten una relajación de su situación presupuestaria cuando se encuentren en la fase expansiva del ciclo.
Cumplir esas reglas tendría un alto coste social y económico que impediría el proceso de integración. Con una crisis financiera en el primer decenio del siglo y una pandemia en el segundo, todo se complicó. El déficit de la zona euro pasó del 0,6% del PIB en 2019 al 7,2% en 2020, más del doble que el límite previsto en el Pacto. Y la deuda pública a finales del año 2021 fue del 97,3%, muy por encima del límite del 60%. A finales de 2021 la deuda pública superó en España el 120% del PIB; en Italia, el 155%; en Portugal, el 130%; en Grecia, el 200%; en Francia, el 115%; en Bélgica, el 114%; en Austria, el 83%. Casi ningún país de Europa cumple las reglas de Maastricht. Y hay que adaptar esa realidad de deuda excesiva que viene desde la crisis del euro y del desplome de la economía en la pandemia de 2020, que se potencia ahora al acoger a millones de ucranianos que huyen de la guerra.
Los equilibrios presupuestarios públicos que pretende el PEC (equilibrio entre el gasto corriente y los ingresos impositivos, equilibrio entre los ingresos y gastos de capital y equilibrio en el conjunto de los presupuestos) han saltado por los aires. Las normas del Pacto, de momento, están suspendidas, aunque algunos países abogan por introducirlas de nuevo en 2023. Pero ya se debate por iniciativa de la Comisión y de Francia e Italia, elevar el nivel de deuda tolerado muy por encima de ese 60% y un mayor plazo para su amortización. Y considerar que la deuda no es mala si se dedica a inversión y por lo tanto se debería excluir del cómputo de los déficits, al menos algunas partidas de inversión, como aquellas que logren una mayor independencia energética e industrial que permita una base económica propia, las de nuevas tecnologías e innovación, las medioambientales y las que refuercen la seguridad y defensa de la Unión. Ya está funcionando el Fondo de Recuperación Económico, el mayor esfuerzo financiero común de la historia de Europa, y hay que continuar hacia una mayor integración política, con un seguro de desempleo y un presupuesto comunitario importante para enfrentarse unidos a los retos del futuro.l