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Los administradores admiten que el contrato de Alfaro era «irregular»

Imagen del inicio del juicio contra Serra Ferrer y Jaume Cladera. | Pere Bota

| Palma |

El juicio promovido por Utz Claassen contra Serra Ferrer y Jaume Cladera, ante los que ha interpuesto una demanda de acción social de responsabilidad en la que les reclama ocho millones de euros por mala gestión y un presunto desfase presupuestario de ocho millones de euros en el presupuesto inicial fijado para la temporada 2011-2012, sigue avanzando en los juzgados de sa Gerreria de Palma.

La segunda sesión y penúltima sesión, celebrada este martes, se apoyó fundamentalmente en la declaración de los administradores que tutelaron el concurso del club balear entre junio de 2010 y marzo de 2013, que admitieron, entre otras cosas, que el contrato firmado en su momento por Alejandro Alfaro con la entidad isleña era irregular.

Los tutores del concurso (Pedro Mir, Sebastià Frau y José Miguel Cregenzan) reconocieron que firmaron y supervisaron los contratos de todos los fichajes realizados durante esa campaña (la segunda de la era Serra Ferrer). Sin embargo justificaron su postura argumentando que lo hacían en primera instancia para no entorpecer la planificación deportiva y que todas las operaciones se analizaban después en profundidad en busca de posible anomalías.

En el caso del futbolista onubense, cuyo desembarco en Son Moix vino precedido de los pagos a empresas como Impera, con sede en Suiza, que aseguraba poseer los derechos federativos del jugador a pesar de negarse en un principio a acreditarlo, los administradores fueron claros. Tras radiografiar sus vínculos con el Mallorca observaron ciertas anomalías, pero su salida del club tras la redacción del convenio de acreedores impidió que pudieran solicitar la nulidad de los mismos o interponer una demanda de reintegración, aunque instaron al club, sin éxito, a que lo hiciera.

Miquel Coca, ex asesor jurídico de la entidad, que declaró como testigo de la parte demandada, alegó después que el extraño desarrollo de la operación obedecía a una serie de beneficios fiscales y que en el caso de haber solicitado la nulidad del contrato el club corría el riesgo de perder también al propio Alfaro.

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