Los acreedores ordinarios del Real Mallorca están en guardia y vigilando de cerca los movimientos que el Real Mallorca está llevando a cabo respecto al uso que tiene previsto dar a los fondos destinados a la ayuda por el descenso de categoría.
Por el momento no hay interpuesta ninguna demanda porque el Mallorca solo ha realizado manifestaciones, principalmente a través del apoderado Gabriel Cerdà, en las que declara tener informes jurídicos que indican que pueden emplear esta ayuda al descenso a otros fines que no sean los inicialmente previstos y cuyo fin debe ser entregarlos a los acreedores tal y como reza el texto del covenio aprobado.
El club pidió la mediación de la jueza María Encarnación González que ha tutelado el concurso del Mallorca buscando su implicación y a su vez la autorización para que la cantidad de 8,5 millones que debe remitir la LFP sea destinada a pagar deudas líquidas, vencidas y exigibles y no a los acreedores ordinarios. Sin embargo, la magistrada rechazó manifestarse recordando que «no le corresponde» a ella pronunciarse sobre el uso de este dinero y por lo tantó dejó al club sin red, sin blindaje. Según ha podido conocer esta redacción, dos acreedores están dispuestos a demandar al Mallorca si finalmente no les es destinado este dinero que, sobre el convenio, les corresponde. De momento, relatan ambos, «los abogados están en guardia y a la espera de acontecimientos. No podemos demandar hasta que no haya hechos consumados», manifiestan los acreedores consultados.
También esta redacción ha podido conocer que el club ha incluido ya en el presupuesto del próximo curso 5,5 millones procedentes de «acuerdos audiovisuales», es decir, la cantidad que debe recibir en concepto de la cantidad que entrega el G-30 a sus equipos en caso de descenso. Si finalmente esta cifra no puede utilizarla, el presupuesto de 22.192.134 euros se verá reducido de forma importante.