El Real Mallorca respondió ayer a las acusaciones vertidas por el presidente de Mediapro, Jaume Roures, que aseguró haber sido «estafado» por el máximo accionista, Llorenç Serra Ferrer, y el presidente, Jaume Cladera, después de que le solicitaran un anticipo para evitar la liquidación del club que no ha sido devuelto una vez que los dirigentes mallorquinistas rompieran el contrato que mantenían por los derechos de televisión.
El responsable de los servicios jurídicos de la SAD balear, Miquel Coca, explicó ayer en
Ultima Hora- ABClRADIO que el anticipo al que se refiere Roures no es tal, ya que, según la versión del club, responde a la liquidación de los variables del contrato de Mediapro del ejercicio 2011-12. Además, Coca negó que el dinero de Mediapro evitara la disolución de la entidad y aseguró que el cambio de operador, que considera que ha propiciado las manifestaciones de Roures, está amparado por la Comisión Nacional de Competencia. El vocal del consejo de administración bermellón comentó que era «una decisión personal» de Serra Ferrer y Jaume Cladera emprender acciones legales por las acusaciones del empresario catalán.
Situación
Miquel Coca, que aseguró que el club se comunicó con Mediapro «en dos ocasiones para liquidar el contrato y conciliar las cifras» sin obtener respuesta, negó que existitera un anticipo por parte de la empresa de Roures y explicó que «el contrato de Mediapro establecía una cantidad que se cobraba durante los meses de la temporada y unos variables que se liquidaban a lo largo de la siguiente. Entendemos que a 30 de junio de 2012, por lo que nos ha dicho la LFP y SEFPSA, (Mediapro) nos debía 4.051.000 euros de los variables de la 2011-12. De esta cantidad pedimos una parte, pero no como adelanto del nuevo contrato, sino como adelanto a la liquidación del contrato de la 2011-12, 2,7 millones de euros, con lo cual, al Mallorca se le deben 1.380.000», analizó Coca en el programa Deportes en Punto.
Acerca del nuevo contrato televisivo con Prisa TV en detrimento del compromiso con Mediapro que estaba en vigor, Coca comentó que «es la razón que explicaría todo esto» -en referencia a las manifestaciones de Roures- y resaltó que la Comisión Nacional de la Competencia sustenta el cambio de operador. El abogado cita un expediente de 2010 de la Comisión de Vigilancia argumentando que los contratos no pueden rubricarse por más de tres años. «Si continuamos con el contrato (con Mediapro) a partir del 1 de julio somos acreedores de una sanción de la Comisión Nacional de Competencia. El contrato es nulo a partir de ese día, pero Mediapro, en lugar de ofrecer otro contrato, que sería lo lógico y lo razonable, da la callada por respuesta y dice que ya hablaremos y que no es nada. ¿El riesgo? No coger el tren de Prisa y quedarnos con un contrato que es nulo a partir del 1 de julio», valoró.
El letrado pobler, que aseguró que el club «tiene y tenía tesorería para afrontar los pagos» negando que existiera riesgo de disolución como apuntaba Roures, desmintió que la SAD balear haya ordenado realizar una auditoría externa para buscar responsables al concurso de acreedores.