El vicepresidente y máximo accionista del Mallorca, Llorenç Serra Ferrer y el presidente, Jaume Cladera, han solicitado al juez que no atienda la querella presentada por Utz Claassen, en el que les acusa de presunta estafa, y deje sin efecto la denuncia llevada a cabo por el consejero alemán. También se pide al magistrado que sea el propio Claassen quien asuma las costas del proceso.
Ambos acusados, defendidos por Valdivia & Campaner, indican en su solicitud que su principal objetivo es salvaguardar su imagen y también la integridad patrimonial y social del Mallorca, apuntando que el proceso penal iniciado por Claassen tiene como principal objetivo conseguir el control del Real Mallorca o en su caso lograr beneficios económicos o relevancia mediática. Cabe recordar que el juzgado de Instrucción número 9 de Palma instruye la querella instada por Claasen, que alega haber sido engañado por Serra Ferrer y Cladera al adquirir el 10 por ciento de las acciones del Mallorca por 500.000 euros, cantidad muy superior a su valor real, según ha afirmado en su querella. Según ha podido saber esta redacción de fuentes judiciales, la defensa de Serra y Cladera apunta también que el consejero alemán adquirió en su momento las acciones de la familia Nadal por idéntica cantidad que la pagada por la compra del primer 10% que adquirió, es decir, 500.000 euros. Sin embargo, Claassen siempre ha manifestado que esta última compra -a la familia Nadal- la realizó partiendo de la base de que todos los consejeros, en su momento, entraron en las mismas condiciones y al mismo precio y por lo tanto esa fue la base del pago a los Nadal. En este sentido, la parte acusadora, dependiendo de la dirección que tomen los acontecimientos, también valorará la decisión de abrir un procedimiento judicial porque existe el convencimiento de que el alemán pudo incurrir en una irregularidad al adquirir las acciones de la familia Nadal sin que con anterioridad se pusiera en conocimiento del resto de consejeros esta circunstancia.
El escrito de defensa de Serra y Cladera ya obra en poder del juez que instruye el proceso, que ya en su momento otorgó un plazo de siete días a la parte acusadora para que presentara alegaciones y explicara los motivos por los cuales manifestaba indefensión en esta causa.