La jueza que tutela el concurso de acreedores del Real Mallorca, María Encarnación González, ha autorizado a los administradores concursales (AC) a que tramiten la demanda de nulidad de parte del contrato del futbolista andaluz. La administración concursal había instado a la jueza a que autorizara el inicio de un proceso judicial con el fin de esclarecer definitivamente las posibles irregularidades detectadas en el fichaje del futbolista procedente del Sevilla. Tal y como publicó Ultima Hora en su edición del pasado 17 de ferbrero, los administradores concursales, José Miguel Cregenzán, Sebastià Frau y Pedro Mir, decidieron pasar a la acción y pidieron a la jueza su autorización para demandar una parte del contrato del jugador. En estas últimas horas María Encarnación González ha dado luz verde a esta petición por lo que uno de los puntos más ocuros de la administración de Serra Ferrer y Jaume Cladera ha dado una nueva vuelta de tuerca.
El 'caso Alfaro' estalló a finales de 2011. Lo hizo después de que los administradores, a través de un documento que fue remitido al club el 12 de diciembre, solicitasen al consejo de administración bermellón que aclarase una serie de puntos confusos en relación al fichaje del exfutbolista del Sevilla. Principalmente exigían el aporte de pruebas que acreditasen que la sociedad IMPERA -con domicilio fiscal en Suiza- posee realmente los derechos de Alfaro y que justificasen un pago de 500.000 euros en concepto de condición preferente sobre la incorporación del onubense. La administración, que ya planteó entonces la nulidad del contrato, había decidido abrir una investigación unos meses antes para esclarecer el asunto e invitó al Mallorca a congelar el primer pago acordado con IMPERA, que ascendía a unos 200.000 euros.
Posible irregularidad
Los administradores concursales inicialmente dieron el OK al fichaje de Alfaro, pero decidieron meses después revisar los detalles de la misma porque se percataron de que podría incurrirse en una irregularidad el abono a la sociedad IMPERA, que asegura tener lo derechos federativos del futbolista, de un pago de 500.000 euros, suma que debía satisfacerse en tres plazos. La AC concursal solicitó pruebas documentales que dieran fe de que IMPERA posee los derechos federativos de Alfaro, pero en virtud de una «cláusula de confidencialidad» estos documentos nunca han sido entregados.
En su informe, los administradores califican de «excesivo» el pago total realizado por el Mallorac por este futbolista en los términos en que se fijó la operación. Cabe recordar que la misma se fijó en un pago de 750.000 euros al Sevilla por su traspaso, más una variable que podría alcanzar los 250.000. Además se pagó a VIASPORT, por su intervención en el fichaje, el 10% de la retribución bruta del jugador, por cada una de las cinco temporadas concetadas entre el club y el futbolista. Lo que solamente para esta temporada supone un compromiso de pago ascendente a 87.500 euros. Posteriormente debía también abonarse 500.000 euros a IMPERA por unos supuestos derechos de negociación exclusiva del futbolista.
La AC probó que VIASPORT e IMPERA son dos sociedades de Luis Ramón Pereria y en su síntesis afirman que «se habría pagado dos veces por el mismo objeto». Este informe demoledor ha sido clave para que la jueza confirme la apertuda de un proceso judicial que anule el contrato de Alfaro por el que se deben abonar 500.000 euros a IMPERA. Serra Ferrer ha sufrido un nuevo revés en apenas una semana: la querella de Claassen y la demanda de la AC.