Los abogados de Utz Claassen comparan el presunto engaño al que fue sometido su cliente en la transacción de un diez por ciento del accionariado del Real Mallorca al «caso Urbanor-Los Albertos». Así se relata en la querella criminal interpuesta ante el juzgado de instrucción número 9 de Palma contra Llorenç Serra Ferrer y Jaume Cladera Cladera por un posible delito de estafa. La denuncia del consejero alemán incluye en sus dilengencias probatorias una extensa aportación documental y a varios testigos, entre ellos, al prestigioso letrado Alejandro Bellapart Haine.
Bellapart, hombre de máxima confianza de Doug Ellis, antiguo propietario del Aston Vila, negoció meses atrás con Serra Ferrer la adquisición de un porcentaje de acciones del club, aunque el trato quedó finalmente en el aire. Además Alejandro Bellapart, la parte acusatoria ha pedido un interrogatorio a los querellados y también los relatos de Antonio Mir Martínez, Jaime Alomar Mas -ambos intervinieron en las gestiones de compra-venta entre Claassen, Cladera y Serra-, Mateu Alemany Font, el consejero Pedro Terrasa Sánchez, el futbolista Alejandro Alfaro y a Federico Franco Neoren, administrador único de Esfinge Veinte, sociedad que financió la adquisicón de un porcentaje de títulos de propiedad de la SAD balear.
«El Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de marzo de 2003, trató un caso de engaño similar al presente, el caso conocido como 'Urbanor-Los Albertos', en el que unos socios que iban a percibir 231.00 euros por metro cuadrado por una venta (Torres KIO) informaron falsamente a los demás socios que el precio máximo alcanzado en las negociaciones y por el que deberían vender era de 150.000 euros. El Tribunal Supremo, como la Audiencia Provincial de Madrid, entendió que había habido una estafa, y que ésta no había prescrito», detalla textualmente la querella de Utz Claassen en su página número 14 (reproducida en esta página). «El TS estimó que concurrían los requisitos jurisprudencialmente exigidos para la comosión de esta figura delictiva. El engaño, en concreto, consistió en que hubo una oferta de compra de los terrenos en cuestión a 231.000 pesetas por metro cuadrado y los acusados comunicaron a los socios minoritarios, mediante documento falsificado y otros procedimientos torticeros, que la misma era de 150.000 pesetas, cantidad por la que vendieron. El engaño fue bastante en el caso, a pesar de cualificación de las víctimas, porque produjo sus efectos defraudadores... En nuestro caso, el señor Claassen fue engañado para comprar a un precio superior, cuando pudiera haber comprado al señor Alemany a un precio inferior (el fijado en el contrato de opción) ya que éste había renunciado expresamente a toda plusvalía en la venta de sus acciones», añade.