La juez Carmen Lamela ha rechazado poner en libertad al expresidente del Barcelona Sandro Rosell, en prisión desde el 25 de mayo acusado de quedarse con 6,5 millones de euros de la venta de derechos audiovisuales de 24 partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol, que luego blanqueó en Andorra.
Se trata de la segunda vez desde que la Audiencia Nacional se oponen a su excarcelación, ya que el pasado día 4 de Julio la Sala de lo Penal desestimó el recurso de apelación que interpuso contra la decisión de Lamela de enviarle a prisión provisional.
En el auto en el que deniega la libertad a Rosell, la juez rechaza también dejar libre a otro de los detenidos en la operación Rimet, el abogado y político andorrano Joan Besolí, al que se le atribuye la creación de empresas en el Principado con las que supuestamente se blanqueó el dinero.
Según Lamela, aún persiste el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva, ya que existen «fundados indicios» de la presunta participación de ambos en delitos de pertenencia a organización criminal y de blanqueo de capitales.
Respecto al arraigo invocado por Rosell para conjurar el riesgo de fuga, la juez cree insuficiente que tenga nacionalidad española, propiedades en España y dos hijas que viven en este país, ya que la investigación ha puesto de manifiesto su facilidad para viajar y vivir temporalmente en distintos lugares de todo el mundo.
Recuerda en este sentido que posee «una gran fortuna», así como cuentas y bienes fuera de España, que le facilitarían su huida y su subsistencia en otros países.
En cuanto a Besolí, Lamela entiende también que sus posibilidades económicas incrementan el riesgo de fuga, y cree además que ello le permitiría incluso llevarse en su huida al hijo que tiene enfermo, cuya delicada situación alegó en su recurso, «sin desconocer el grave problema» de esta situación.
Tampoco desvanece ese riesgo el hecho de que se haya comprometido a adquirir la nacionalidad española, ya que, según la juez, se trata de una intención y requiere de la tramitación de un largo procedimiento que puede durar incluso más que la instrucción y el enjuiciamiento de esta causa.
La juez sospecha que, de quedar en libertad, podrían ocultar o destruir pruebas, ya que aún no ha concluido la investigación, y podrían además caer en reiteración delictiva puesto que operan «dentro de un grupo organizado de personas que son investigadas también por otros países como Estados Unidos, Andorra o Suiza».
Otro de los motivos para mantenerles en prisión es que el senado de Brasil estudia iniciar investigaciones por hechos entro los que se encuentran las actividades irregulares que se les atribuyen.
El pasado 4 de julio, la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la prisión provisional de Rosell, al entender que hay riesgo de que se fugue de España gracias a sus «negocios» y «contactos en numerosos países.
«La afirmación del apelante de que no va a sustraerse a la acción de la justicia porque supondría renunciar a la cercanía de su esposa, hijas, hermanos y padres no minimiza el riesgo de fuga, pues su esposa también está investigada por estos hechos y también puede trasladarse la familia con él», y más teniendo en cuenta que una de sus hijas nació en Brasil, destacaba la sala.
Para los jueces, «su notoriedad pública» solo podría dificultarle sustraerse de la justicia en España, «pero no en otro países donde no goce de esa notoriedad, sin olvidar que también hay muchas personas que no están interesadas por el deporte y desconocen a quienes se dedican a ello».