El Atlètic Balears, a través de Inverfutbol, está negociando la compra de una plaza para mantenerse en Segunda División B... que vetará la Federación Española de Fútbol. El conflicto se ha instalado de lleno en una operación plagada de inconvenientes. Mientras el club blanquiazul anunciaba ayer un principio de acuerdo para adquirir el Mérida Unión Deportiva -milita en el Grupo II de la categoría de bronce- la RFEF dejaba entrever que rechazará cualquier petición de cambio de domicilio social que reciba por parte de cualquier club.
El club de la vía de cintura quiere mantenerse en una categoría que, en el terreno de juego, comienza a esfumarse y en los últimos días está estudiando la situación económica de algunos clubes, caso del Écija, Vecindario, Lucena o Ciudad Lorquil.
Hasta el momento, las negociaciones comienzan a cristalizar con el Mérida Unión Deportiva, que atraviesa por graves problemas económicos. No obstante, pese a ese principio de acuerdo, posteriormente debe profundizar más en el estado financiero de la entidad extremeña para conocer cuál es el alcance real de su deuda.
Curiosamente, su técnico es Goran Milojevic, aquel ex delantero goleador del Real Mallorca a comienzos de la década de los 90, y cuyo futuro también podría estar vinculado al conjunto blanquiazul. La operación, sin embargo, se antoja bastante compleja y a día de hoy prácticamente inviable. Según algunas fuentes de la RFEF consultadas por esta redacción, la Española no va a aceptar ningún cambio de domicilio social.
Las negociaciones corren a cargo del abogado Vicente Montes, uno de los especialistas más reputados en Derecho deportivo existentes en España. Paradójicamente, el letrado extremeño es un hombre muy vinculado al Real Mallorca y defiende los intereses rojillos en el conflicto que mantiene la SAD con el Newcastle por Jonás Gutiérrez. Montes logró el fichaje de Figo para el Madrid, ha sido abogado de Luis Aragonés y hasta de Boca Juniors y el Milan.
El Atlètic Balears tiene previsto remitir toda la documentación que firme con el Mérida hoy mismo a la Federación Española, que no está dispuesta a aceptar el traspaso de poderes y vetará el cambio de domicilio social.
La intención del presidente de Inverfutbol, Bartomeu Cursach, pasa por no invertir más de 800.000 o un millón de euros. Sin embargo, las trabas legales pueden frenar estas negociaciones.