Después de que el instructor del Comité Balear de Disciplina Deportiva, Javier Capelastegui, propusiera una sanción de tres años de inhabilitación por usurpación de competencias para el presidente de la Federación Balear de Fútbol, Antonio Borrás del Barrio, y su junta directiva, comienza un ciclo decisivo que se puede perpetuar en el espacio y el tiempo.
Las dos partes implicadas, las federaciones de Fútbol y Fútbol Sala, disponen de diez días para presentar alegaciones antes de que el Comité asuma el mando directo sobre el caso y examine la documentación para ofrecer un veredicto final.
Pero esa resolución, que puede ser inferior, igual o superior a los tres años, puede verse alterada. El veredicto saldrá a la luz en dos semanas, aunque el proceso se puede alargar durante meses si Borrás y su junta deciden recurrir un fallo negativo para sus intereses ante la justicia ordinaria. De esta forma, se podría solicitar formalmente la suspensión de la pena, a expensas de una sentencia. En este punto, la jurisdicción sobre el asunto queda lejos del Comité Balear de Disciplina Deportiva. El organismo presidido por Víctor de Isasi vería como la última palabra y la definitiva la tendría un tribunal.