Jesús Gil y Gil sostiene que el embargo judicial del Atlético de Madrid decretado esta semana por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón es como enviarle a prisión sin tomarle declaración, según el recurso de reforma que ha presentado contra la orden judicial. La defensa de Gil ha pedido al magistrado que rectifique su decisión alegando que el embargo de sus acciones en el club rojiblanco se ha basado en una ley de 1969 que es inconstitucional por haber sido derogada por la Constitución, con lo que «la medida adoptada deviene nula de pleno derecho».
El juez García Castellón ordenó el pasado miércoles la destitución de todo el Consejo de Administración del Atlético de Madrid, incluido su presidente Gil, y nombró a un administrador judicial mientras continúa su investigación sobre un supuesto fraude de unos 4.000 millones de pesetas y una presunta defraudación o apropiación indebida, desde 1992, de cerca de 9.000 millones de pesetas. En su recurso el abogado defensor de Gil, Horacio Oliva, afirma que «ha sido tratado con patente injusticia porque tan gran y trascendental pronunciamiento se ha acordado sin dar oportunidad a que Gil pudiera defenderse».
Añade que «el auto recurrido es nulo de pleno derecho al haberse dictado prescindiendo de normas esenciales del procedimiento». Considera la defensa que al haberse iniciado el procedimiento hace meses «el instructor no ha recibido declaración a nuestro defendido, ni a otros imputados, por lo que ha quebrantado uno de los principios informadores del proceso penal conforme al cual es necesario otorgar audiencia al justiciable».