El alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil, ingresó a última hora de la tarde de ayer en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre (Málaga), después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Marbella, Santiago Torres, dictase una orden de ingreso en prisión incondicional y sin fianza contra el primer edil, por los delitos de falsedad en documento público y malversación de fondos. Gil podría haberse apropiado de unos 450 millones en beneficio de su club de fútbol, presuntamente a través de la contratación de publicidad de la ciudad de Marbella.
Poco antes de su ingreso Gil atribuyó su encarcelación al «plan» que, en su opinión, ha urdido el Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, guiado por la «terrible animosidad» que tiene contra él». Tras repartir a los periodistas copias de su declaración completa ante este magistrado, insistió en calificar su detención como un «auténtico atropello y un atentado al Estado de Derecho», al tiempo que advertía que existen «motivaciones políticas» detrás de entrada en la cárcel.
A su salida de los juzgados marbellíes donde declaró por espacio de nueve horas ante el juez Torres, explicó que la orden de su ingreso en prisión «no es más que la prolongación de la operación iniciada el 13 de octubre, en la que se registraron simultáneamente el estadio Vicente Calderón y el Ayuntamiento de Marbella, y de un plan del Fiscal que ha dicho repetidas veces que me iba a machacar y que me iba a meter en la cárcel».
30 años después
Jesús Gil y Gil vuelve a la cárcel treinta años después de haber
ingresado en prisión por primera vez, lo que ocurrió en 1969, como
consecuencia del accidente ocurrido al hundirse una construcción en
una urbanización de Los Angeles de San Rafael que él había
edificado. Nacido en Soria el 12 de marzo de 1933, su dilatado
historial judicial, compuesto por decenas de denuncias y condenas,
paliadas por varios indultos, comenzó con la condena por
imprudencia temeraria, después de que fallecieran 58 de los 300
comensales al hundirse el techo del restaurante de la urbanización
Los Angeles de San Rafael. Tras dieciocho meses de prisión y previo
pago de 400 millones de pesetas, salió en libertad, gracias a un
indulto del general Franco, en 1971.