Cada fin de semana hay clubes que se sienten perjudicados por las decisiones arbitrales y es habitual que algunos se sientan indefensos ante la única autoridad del colegiado. Existen vías para expresar el desacuerdo o formulas para elevar quejas oficiales y denunciar irregularidades en el ámbito deportivo, pero es poco frecuente que un equipo acuda a la Justicia para poner de manifiesto lo que considera una actuación delictiva. Esta situación ha provocado que se presente en el Juzgado de Instrucción una querella por la actuación arbitral en el partido entre el Athletic Marratxí y el Maria de la Salut correspondiente a la jornada 16 del grupo B de Primera Regional disputado el pasado 13 de enero.
El malestar por el arbitraje ha propiciado que se presente una querella contra el árbitro y sus asistentes por presuntos delitos prevaricación y falsedad documental al entender que tomaron «represalias» por las protestas que formularon tras una jugada y que lo hicieron «a sabiendas de su injusticia que perjudicaban los intereses» del conjunto local, que perdió por 2-3. El escrito del abogado Antonio Luis Antich sostiene que las dichas represalias «vulneran la garantía de la indemnidad regulada por la Constitución Española» y precisa que el acta «falsea» lo sucedido.
Los perjudicados, que aportan testigos y el vídeo del partido para corroborar su versión, señalan que el origen del conflicto son las «legítimas protestas» formuladas tras la señalización de un penalti a favor del María de la Salut y la expulsión de un jugador local en el minuto 17 con 1-0 en el marcador. «Desde este momento, el árbitro empieza a adoptar decisiones totalmente arbitrarias en perjuicio de mi representado», expresa el letrado, que enumera diferentes acciones de la segunda mitad en las que se pondría de relieve dicha actuación.
En el minuto 62 el árbitro mostró una cartulina amarilla a un jugador del Athletic Marratxí por recriminar el comentario racista de un adversario que el colegiado pasó por alto, mientras que en el 73 expulsó por doble amonestación también a un integrante del equipo local en una jugada en la que se produce un «penalti inexistente» y en la que «la segunda amarilla es un error clamoroso». Tras esta última acción también se denuncia que otra amarilla se produce «impidiendo su libertad de expresión regulada en la Constitución Española en su articulo 20».
La querella presentada también señala una tarjeta amarilla en el minuto 83 a otro integrante del Athletic Marratxí en la que «los hechos redactados en el acta por el arbitro son, otra vez totalmente falsos, pues el jugador, amparándose en la libertad de expresión, estaba en desacuerdo con otra decisión arbitral. En el mismo sentido observa que la roja a otro jugador local fue «sacada de manera totalmente arbitraria y con claro desprecio a la verdad».
El escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción de Palma sostiene que en el partido entre el Athletic Marratxí y el Maria de la Salut se cometió un «delito de falsedad documental, pues el acta del partido, supone en varios actos del partido jugado la intervención de personas que no la han tenido y atribuye a las que han intervenido en él, declaraciones o manifestaciones diferentes a las que hubieren hecho». Además, asegura que los comentarios del árbitro contribuyeron a ir «calentando el partido».
Al margen de los presuntos errores que condicionaron el choque y acabaron costándole la derrota al Athletic Marratxí, la redacción del alta es la que propicia diferentes sanciones tanto económicas como deportivas con las que el club se siente perjudicado. Y es que a las multas por las diferentes cartulinas, se suman hasta 12 encuentros de sanción para cinco integrantes de la plantilla del Atlético Marratxí, que ha buscado amparo en la Justicia ordinaria ante lo que entienden como la comisión de diferentes delitos durante el transcurso de su encuentro del pasado 13 de enero. Los locales acabaron con tres jugadores expulsados y con roja para el segundo entrenador, mientras que los visitantes también terminaron el encuentro con dos jugadores yéndose a los vestuarios antes de tiempo.
Los castigos que impone tanto el Juez de Competición como los fallos del Comité de Apelación toman como referencia las actas arbitrales y los clubes perjudicados se encuentran en una situación de indefensión al no poder hacer valer sus propios argumentos para defender sus intereses.