Luis Rubiales, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), declaró que la suspensión indefinida decretada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desde el 16 de mayo y secundada por el sindicato «solo se desconvocará si se pactan cambios» en el Real Decreto-ley aprobado hace una semana.
Rubiales aseguró que el principal motivo por el que han decidido parar se debe a que han sido excluidos del diálogo para elaborar ese Real Decreto Ley con el que dicen sentirse perjudicados.
«Se ha excluido de manera total a la AFE en contra de lo que nuestro parlamento había ordenado. La Subcomisión para el Deporte Profesional, integrada por todos los partidos políticos, dio el mandato de que se llegara a un acuerdo conjunto en el que participaran todos los agentes y eso no se ha tenido en cuenta por el Gobierno», dijo Rubiales, en una rueda de prensa celebrada en un hotel de Madrid.
«En Europa han creado un dialogo social por medio de FIFPRO en el que AFE está representada. La inclusión en el diálogo no es solo una cuestión de aquí, sino que en cualquier país es una realidad el que los sindicatos estén representados con opinión, voz y voto», confesó.
Rubiales declaró que la decisión de no jugar la toman «conscientes» de que tienen «razón», demostrando ser «fuertes en esa sensación de honestidad».
«No emitimos una medida de fuerza, sino de defensa por la vulneración de derechos. Lo que queremos transmitir es que estamos a favor de la venta colectiva y de una mayor entrada de ingresos que genere sinergias positivas en el fútbol, pero de lo que no estamos a favor es de lo que se ha hecho en este Real Decreto-ley para el que no se nos ha tenido en cuenta», comentó.
La RFEF anunció este miércoles, al término de la reunión de su Junta Directiva, la «suspensión indefinida de todas las competiciones a partir del 16 de mayo», ante el anuncio de AFE de convocar huelga.
El paro está respaldado por árbitros, entrenadores y federaciones de ámbito autonómico, en desacuerdo, entre otros aspectos, con el Real Decreto-ley sobre la venta centralizada de los derechos de televisión, aprobado el 30 de abril pasado por el Consejo de Ministros.