La Asamblea de compromisarios del FC Barcelona ha decidido que la junta directiva presidida por Sandro Rosell plantee una acción social de responsabilidad contra la gestión del equipo directivo de Joan Laporta realizada en el último ejercicio contable.
Una vez expuesta la reformulación de las nuevas cuentas (de los 11 millones de beneficios presentados por Laporta a los 79 de pérdidas presentados por Rosell), Eduard Coll, miembro del área social del club, instó a los asambleístas a que votaran la posibilidad de presentar una demanda contra la anterior junta.
La votación estuvo muy reñida, puesto que 468 compromisarios votaron a favor, 439 en contra y 113 votaron en blanco, por lo que se judicializará la vida del club barcelonista.
La posibilidad de presentar una acción social de responsabilidad está recogida en las Disposiciones Transitorias quinta y Adicional séptima de la Ley del Deporte (Ley 10/1990), así como en la Disposición Adicional tercera del real Decreto 1.251/1999 que regula el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas Deportivas.
Coll ha explicado que, a diferencia de las SAD, que tienen un control económico por parte de sus accionistas; los clubes no reconvertidos, como en el caso del Barça, tienen que pasar un control previo (presupuesto) y otro posterior (cuentas anuales).
El presidente del Barça, Sandro Rosell, antes de la votación, advirtió a los compromisarios que estaban «ante la decisión social más importante de la historia del club».
«Este momento no es nada agradable, nos lo hemos encontramos porque la Ley así nos lo marca. Tenemos que cumplir la ley. Estamos pasando un muy mal trago con este asunto. Judicializar el club», ha admitido el presidente.
Rosell ha explicado que no hay nada que le venga más a gusto que «crear concordia en este club» y que de una vez por todas se diga que «este club está unido».
Ha explicado que le encantaría «pasar página» y se ha lamentado porque la junta directiva que preside haya tenido que afrontar esta situación.
Antes de la votación, el presidente aseguró que la anterior junta directiva había formalizado en nombre del club una póliza de seguro, que está en vigor hasta 2016, con la que se cubría las espaldas en el caso de incumplimientos y negligencias en la gestión del club.
«Cubre incumplimientos del deber, de las obligaciones legales, de derecho fiduciario, de contrato, de facultades, negligencia, error, declaración incorrecta o engañosa o cualquier acción u omisión lícita», ha informado.
Antes de la votación, Rosell dio cuatro motivos para votar a favor y cinco en contra. «La decisión que toméis que sea la mejor para el Barça. En la vida no hay blancos y negros, hay matices, hay grises», ha comentado.
Después dio sus argumentos a favor: «Se han producido pérdidas de 48,7 millones de euros, hablamos de que se han desprendido de parte de patrimonio para cuadrar el balance, se ha vivido en la cultura permanente del despilfarro (restaurantes, visas, detectives privados...) y se ha invertido pésimamente en propiedades».
Por contra, Rosell ha dicho que votaría, hipotéticamente, en contra porque significaría continuar con las divisiones en el club. «No es justo meter a todos los miembros de la junta anterior (Ferrer, Castro, Colomer y Boix) en el mismo saco; no es justo que el presidente con más éxitos deportivos de la historia se tenga que poner contra la ley y demandado por el Barça», ha dicho.
«No es justo porque la citada directiva ha tomado las tres mejores decisiones de la historia del club: erradicar a los violentos, el contrato con UNICEF y fichar a Guardiola; y porque el Barça, a pesar de perder mucho dinero, ha conseguido el crecimiento y el volumen de ingresos más gran de su historia», ha comentado.
En total, votaron 1.043 compromisarios. La mitad de la junta votó a favor, ningún directivo en contra y la otra parte lo hizo en blanco, como el presidente Rosell.
Al final por veintinueve votos, la Asamblea acordó que un juez decida la responsabilidad de la junta directiva de Joan Laporta, el presidente del mejor Barça de la historia.