Un sindicato es una asociación de trabajadores para la defensa y promoción de intereses profesionales, económicos y sociales de sus miembros. Es la definición canónica y legal que encuentra soporte en el artículo 28 de Constitución. En España, nunca fue secreto que los dos mayoritarios -CCOO y UGT- siempre fueron señalados como correas de transmisión de los partidos de la izquierda: Comisiones del PCE y UGT del PSOE.
Esa contigüidad -que tenía su lógica en los años finales de la Dictadura- evolucionó hasta adquirir cotas reales de autonomía respecto de los mencionados partidos hasta el punto de que en el caso de la UGT, con el dirigente socialistas Nicolás Redondo a la cabeza, le convocaron en diciembre de 1988 una huelga general al Gobierno de González secundada por CCOO en protesta por una reforma laboral y el abaratamiento de los despidos. Aquella huelga paralizó el país y apagó las emisiones de TVE. Los sindicatos tenían miles de afiliados que pagaban sus cuotas y actuaban de manera autónoma. Con el tiempo, salvo en las empresas públicas, fue decreciendo la afiliación y transformados como estaban en estructuras burocratizadas los sindicatos descubrieron las subvenciones gubernamentales e iniciaron el camino de sumisión al Gobierno.
Pasó con Zapatero y ha llegado al máximo exponente de servidumbre con el Gobierno actual cuando en el pasado Primero de Mayo, tanto Unai Sordo como Pepe Álvarez -líderes de CCOO y UGT- dejaron en un segunda plano el mitin obrerista propio de la celebración para aderezar una homilía calcada del último mantra sobre la regeneración democrática que gusta repetir Pedro Sánchez.