«No te preocupes, seguirás viviendo con tu mamá y no tienes que ver ni hablar con el señor que le hizo daño». Esta frase, dirigida por la magistrada catalana Isabel Giménez a la pequeña hija de un maltratador en una reciente sentencia pionera en España, habla por si sola. La violencia vicaria no es parte del imaginario colectivo, sino una realidad cuantificable. En lo que va de año, cinco niños y niñas han sido asesinados por sus padres en España. El ritmo al que crece la amenaza es frenético. En solo cinco meses ha superado ya el número de víctimas registrados en todo 2023 cuando cuatro niños y niñas perdieron la vida a manos de sus padres.
La maldad no entiende de origen, es una cuestión universal y como tal Baleares no escapa al fenómeno. A través del sistema VioGén en estos momentos hay identificados 114 casos de violencia de género con menores expuestos a sufrir violencia vicaria en Baleares. De ellos cinco están en situación de «riesgo alto». La Ley 8/2021 de 2 de junio facultó a los jueces para restringir e incluso limitar el derecho de los progenitores a visitar, comunicar o acompañar a sus hijos en interés del menor, cuando existen indicios fundados de un comportamiento agresivo del padre hacia la madre. Con esta medida, impulsada a través del Pacto de Estado contra la violencia de Género se quiere evitar, en la medida de lo posible que los maltratadores ejerzan la violencia sobre los hijos con la intención de dañar a la madre. A pesar de este cambio normativo, las cifras son apabullantes. ¿Qué está ocurriendo en la sociedad ? ¿Faltan medios para evitar la violencia vicaria?
«Es una cuestión que vivimos con preocupación, porque hay casos de violencia evidentes y notorios que necesariamente tienen que implicar la suspensión del régimen de visitas. Quien maltrata no es un buen padre. El gran problema que tenemos es la falta de medios, porque muchísimas veces el juez a la hora de decidir si proceden visitas libres necesita el apoyo y asesoramiento de los equipos psicosociales, pero los informes tardan entre un año y dos años», explica Maria Antònia Mateu, abogada especialista en familia de Baleares y vocal de la Asociación de abogados de Derecho de Familia (AEFA) a nivel estatal.
Mateu advierte de que «los equipos psicosociales, adscritos al Instituto de Medicina Legal y que trabajan en todo el ámbito territorial de Mallorca, son insuficientes». «Dependiendo de la época y de la situación de colapso el Consejo Superior del Poder Judicial hace convenios con los colegios de psicólogos para intentar agilizar esos informes que en Baleares tardan entre un año y dos años en llegar, pero faltan equipos», añade. Ante la tardanza de los informes, jueces y juezas se ven en la necesidad de pronunciarse ‘a ciegas’ sobre la suspensión cautelar o no del régimen de visitas a los menores. Ahí es donde se multiplica el riesgo. «En estos casos todo suele depender de los precedentes, si las visitas se han suspendido como consecuencia de una denuncia de violencia de género, puede ocurrir que el menor esté un año o año y medio sin contacto con su progenitor. Hay veces que eso es algo justificado, pero si no lo es, puede provocar un importante daño emocional porque un año o año y medio es mucho tiempo en la vida de un niño», lamenta la experta. Los menores tienen mucho que decir.
El juez siempre debe poner por delante el bienestar del menor. Es una premisa básica. La Ley reconoce el derecho de los niños y niñas a ser oídos y obliga a escuchar a los mayores de 12 años o incluso a niños más pequeños si se considera que tienen suficiente juicio para entender la situación. ¿Cómo viven los menores esa experiencia? Lo cierto es que no existe una única forma de abordaje. Estamos inmersos en un proceso judicial en constante cambio.
La magistrada Natalia Velilla, magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Familia de Móstoles (Madrid), es una de las juezas que están abriendo camino. Envía una carta y un cómic a los niños y niñas que tienen que declarar en una audiencia de menores para decidir sobre su custodia. En la misiva que los pequeños reciben días antes de acudir al juzgado, la jueza les explica que la llamada a declarar «no es una iniciativa ni decisión de tus padres o de sus abogados sino de la jueza». Les indica dónde serán recibidos y quién estará presente cuando presten declaración. También quienes no estarán: Sus padres y los abogados.
«Hablar con la jueza y contarle tus opiniones es un derecho que tienes, no una obligación, por lo que, si no quieres hablar con ella se lo dices ese día», les indica. También les informa de que la decisión final sobre la custodia depende de la jueza. «No de ti, por lo que quizá decida hacer algo que no es lo que tú quieres, sino otra cosa. Tú no eres responsable de nada», detalla. Esta y otras iniciativas novedosas están extendiéndose poco a poco por la geografía nacional, aunque lo hacen a paso lento. En Mallorca no ha trascendido ningún abordaje de este estilo. «En Mallorca no se envía ningún cómic, aunque sí es cierto que después de la comparecencia del menor, que se hace sin que estemos padres ni abogados, se hace un resumen en el que es habitual que se transmita con ‘mucho cariño’ al menor cuál ha sido el resultado», explica la vocal de la Asociación de abogados de Derecho de Familia, Maria Antònia Mateu.
La experta dice que iniciativas como la de la jueza catalana o la madrileña, no se dan a priori más entre las juezas que entre los jueces. «Hay que pensar que en Mallorca prácticamente la totalidad de los jueces y juezas que trabajan en los juzgados especializados en violencia de género, ocupan su plaza por elección». De ahí se presupone que tienen o deberían tener una especial sensibilidad. El cómic que utiliza la jueza de Móstoles es obra de la Confederación por el mejor interés de la Infancia (CEMIN). Bajo el título Marta y Pablo van al juzgado persigue normalizar la comparecencia de los niños ante el juez. Hasta la fecha no ha llegado a usarse en Baleares. La última decisión en el caso de Marta y Pablo, como en la vida real, recae en el magistrado del caso. La decisión, explican los expertos, no es sencilla. «Con suficientes medios tomar la decisión correcta es posible, pero hacen falta esos medios, mucha formación, leyes que protejan y especialización», concluye Maria Antònia Mateu.
Ministerio de Justicia
Ante el problema de la falta de técnicos en los juzgados, desde el Ministerio de Justicia se explicó a este diario que los equipos técnicos forenses atienden a los órganos judiciales de su demarcación, en este caso los cinco partidos judiciales de Baleares. Están distribuidos en 3 centros del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF): Palma de Mallorca (9 equipos, 4 de ellos de menores), Ibiza (2 equipos) y Mahón (1 equipo). En el año 2023, el Ministerio ha creado en Baleares 2 equipos técnicos (2 psicólogos y 2 trabajadores sociales) para reforzar las Unidades de Valoración Forense Integral: 1 en Ibiza, 1 en Mallorca.
Los equipos de menores están radicados en la sede del IMLCF en Palma y su ámbito de actuación se extiende al resto de islas, a las que se desplazan cuando se requiere. Atienden cuestiones periciales solicitadas de cualquier jurisdicción, sea penal, civil, vigilancia penitenciaria o violencia de género. Dan prioridad a asuntos del ámbito penal, y dentro de éste a los que afectan a menores (violencia de género, abusos sexuales a la infancia, etc.). También atienden las de jurisdicción civil, en particular en materia de familia. El número de actuaciones periciales de los equipos técnicos forenses ha crecido constantemente en los últimos años. Durante 2023, se realizaron 1304 informes periciales: Mallorca, 1093; Ibiza, 185; Menorca, 26.
Para atender la demanda, sobre todo en materia de familia, hay un convenio entre el Ministerio y el Consejo General de Colegios de Psicólogos, que se renueva anualmente desde 2016, que permite externalizar actuaciones. En las Islas Baleares, durante los años de su vigencia se han externalizado 560 pericias, con un coste de 252.000 euros. Para este año 2024 se ha programado externalizar un total de 96 pericias (70 para Mallorca, 20 para Ibiza y 6 para Menorca) con un coste de 43.200 euros, para atender las necesidades más urgentes en materia de familia