La representante del Ministerio Público ha mantenido la solicitud de siete años de cárcel para un matrimonio de origen rumano que vendió a su hija de 12 años por un delito de trata de seres humanos al considerar acreditado que hubo «un acuerdo económico entre familias».
El juicio arrancó ayer en la Audiencia Provincial de Madrid con los padres sentados en el banquillo de los acusados junto a los progenitores del menor con el que se casó a la joven.
En esta segunda sesión, la fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones al mantener que la menor fue «objeto de negociación y cosificación, esencia del delito de trata». En cambio, las defensas han solicitado la libre absolución de sus clientes al entender que no hay pruebas para sostener la citada acusación.
Los padres defendieron ayer que cedieron a la niña para mantener una relación conyugal al ser una tradición de la cultura gitana de origen rumano, manifestando que tales hechos supusieran un delito.
Los menores llegaron a casarse en Rumanía y en septiembre de 2021 se celebró una ceremonia en Sevilla, un enlace que fue vigilado por la Policía Nacional y cuyos videos subieron a las redes sociales. Las investigaciones arrancaron cuando la menor llegó de Bucarest a la localidad madrileña de Mejorada del Campo, donde convivía con el matrimonio y su hijo Raúl.
La edad para contraer matrimonio en España, hasta hace algunos años, era a partir de los catorce. Pero en 2015, la Ley de Jurisdicción Voluntaria elevó la edad a dieciséis años siempre que se solicite la emancipación.
La menor, que vino a España sin ser escolarizada, manifestó en la comisaría que conoció al chico por redes y que después sus padres se conocieron. Ante los agentes, hizo alusión a que había sido vendida por sus padres, algo que ella aceptaba porque quería al chico.
Venta por dinero
Según el fiscal, los padres acordaron entregar a su hija a un matrimonio de compatriotas «a cambio de una cantidad de dinero que no se ha podido determinar» con el objetivo de que viviera con su hijo, también menor, en una relación conyugal aceptada «por haber sido educada en la creencia de que eso era lo normal y lo que se esperaba de ella».
La menor, que vivía en Alemania con su madre, estuvo sometida al control del matrimonio, que pretendía llevarla a España a vivir con ellos «separándola de su familia biológica y desescolarizando a la menor, que no hablaba nada de español y nunca había estado en España».
Así, el 22 de junio de 2022, tras someter a la menor a la prueba del pañuelo que acreditaba su virginidad, la chica fue obligada a mantener con el hijo de los acusados una relación análoga a la conyugal con relaciones sexuales completas, «aceptando la menor ésta situación por haber sido educada en la creencia de que eso era lo normal y lo que se esperaba de ella».
Un día más tarde los padres de la menor acudieron a una notaría en Rumanía para manifestar que su hija pasaría a vivir con M. R. y que desde ese momento, y hasta el año 2024, autorizaban a su hija a viajar por el extranjero acompañada de la acusada.
Por ello, el 24 de junio de 2021 se celebró en Rumanía una gran fiesta para celebrar el enlace de los dos menores. Dos días más tarde, la pareja que compró a la menor se la llevaron desde Bucarest a Madrid y la alojaron con ellos en un piso en Mejorada del Campo.
Desde entonces, y hasta la fecha de la entrada y registro que tuvo lugar el 4 de octubre de 2021, la menor permaneció sin escolarizar, compartía habitación y cama con el joven, con quien mantenía una relación análoga a la conyugal.
Además, su documentación (pasaporte y partida de nacimiento) estaban en poder de los padres del chico y no tenía teléfono móvil personal. Salía poco de la casa y cuando lo hacía, era siempre acompañada de los acusados o del chico.
El 17 de septiembre de 2021 la menor fue llevada a Sevilla por C. A. y M. R. para acudir a una fiesta que tuvo lugar al día siguiente en la Hacienda Atarazana, para celebrar de nuevo en España el enlace de los dos menores.